JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
Casi cuatro años después de que el entonces subdelegado del Gobierno en Tenerife, José Antonio Batista, anunciara la puesta en marcha de un protocolo de actuación que facilitaría los reagrupamientos familiares de menores extranjeros no acompañados, su aplicación y resultados brillan por su ausencia.
De hecho, a día de hoy nada se sabe de aquel acuerdo interinstitucional en el que se venía trabajando desde 2008 y que, según el propio Batista, empezaría a dar sus frutos “a partir de 2009”. La notable reducción en las llegadas de cayucos y pateras los tres últimos años, unido a los recortes en inmigración, han paralizado un proyecto que, entre otras cosas, pretendía aliviar la presión de los centros de menores extranjeros no acompañados y que también se veía como una solución a muchos de los problemas que aún padecen instalaciones como Valle Tabares (donde están recluidos numerosos jóvenes inmigrantes con medidas judiciales).
Así, desde 2002 sólo se han producido siete repatriaciones de menores desde el Archipiélago, todas ellas de jóvenes marroquíes. Se trata de una cifra ínfima si tenemos en cuenta que en ese mismo periodo arribaron de manera clandestina a las Islas más de 5.000 chicos, la mayor parte de ellos del Magreb.
El problema, no obstante, no es exclusivo de Canarias. Más bien todo lo contrario. En los tres últimos años se incoaron más de 1.300 expedientes de repatriación de menores (en este ámbito siempre es mejor usar reagrupamiento), pero sólo se hicieron efectivos en 111 casos, en 2009, y en apenas 18 en 2010. Porcentualmente hablando, eso supone que el 90% de los mismos no se llevan a efecto. Esos casos finalizaron en el traslado de los jóvenes a sus países de origen porque “colaboraron y mostraron su interés en regresar a sus casas”. Sin embargo, si los menores hacen lo posible por quedarse, “se quedan seguro”, apuntan fuentes de la Fiscalía.
El Gobierno central, pese a todo, sigue manteniendo contactos periódicos con Senegal, Mauritania, Mali o Marruecos, con el fin de dar salida a los cientos de menores inmigrantes que son tutelados por las comunidades a las que arriban. Estas reuniones son testimoniales a pesar de que el Gobierno de Zapatero reactivó en 2009 el acuerdo sobre el retorno de menores marroquíes firmado en diciembre de 2006. El entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, confirmó que, al igual que las repatriaciones de adultos supusieron un “efecto disuasorio”, se seguiría un camino similar con los menores.
Tres años después, no hay constancia de expedientes abiertos en Canarias, y nada se sabe de aquel protocolo sobre los reagrupamientos familiares de jóvenes inmigrantes.
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Dos refugiados
Escapan de sus países debido al hambre, la pobreza y, en algunos casos, a la persecución de que son objeto, por su etnia, religión o condición social. En la mayoría de los casos, España los acoge hasta que cumplen la mayoría de edad, pero entonces vuelven a quedar en desamparo. Esta circunstancia tendría solución para muchos de estos jóvenes si, como en el caso de los mayores de edad, solicitaran el asilo en nuestro país, algo que, hoy por hoy, apenas ocurre. De hecho, según fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, desde 2006 sólo dos menores inmigrantes demandaron el refugio en las Islas, ni siquiera un 1% de entre los más de 5.000 que han arribado al Archipiélago desde entonces.
La ley española que regula el derecho de asilo y la condición de refugiado no hace mención explícita en sus textos a los menores de edad como un grupo diferenciado, algo que sí contemplan varias directivas europeas y la propia ONU. Según un reciente informe elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y Unicef, en 2010 la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior apenas recibió 13 peticiones de asilo de menores. Un año antes, del número total de solicitudes de asilo en España (7.581), sólo 12 correspondieron a menores no acompañados, una cifra que ACNUR elevó a 15. En ejercicios anteriores, las peticiones de refugio de menores en desamparo fueron igualmente exiguas, ya que apenas sumaron 17 en 2008 y 20 en 2009.
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