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Desencuentros institucionales y consecuencias políticas > Leopoldo Fernández

Dos no riñen si uno no quiere, reza un viejo refrán popular que, como otros, transmite sabiduría campechana a modo de consejo o pauta de vida para poner concordia y acuerdo allí donde reinan desencuentro y pelea. Y pendencia o riña es la que hoy existe entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo o, para ser más explícito, entre el presidente Paulino Rivero y el ministro José Manuel Soria. Con evidente irresponsabilidad, uno y otro, personalmente o a través de sus peones, atizan desde hace semanas una contienda demencial, ridícula incluso -porque parece propia de niños chicos malcriados-, que deja a ambos a la altura del betún, convertidos en la caricatura de lo que deben ser unos políticos rigurosos y responsables.

No tengo claro, tras la entrevista que ambos dirigentes celebraron el 2 de enero, quién desató primero las hostilidades -aunque la cosa venía ya mal, desde que Soria abandonó el Gobierno autonómico-, ni si lo hizo con descaro o con astucia; pero sí recuerdo que ambos declararon, tras su encuentro en la sede de la Presidencia del Gobierno en Las Palmas, que la lealtad y la colaboración institucional marcarían los nuevos tiempos que, con la incorporación de Soria al Consejo de Ministros, se iniciaban entre Madrid y Canarias. Poco duró la esperanza porque desde distintas instancias canarias se iniciaron pocos días después declaraciones y reivindicaciones que en la práctica venían a colocar al ministro en una posición incómoda, tanto si hablaba como si callaba. Claro que también Soria hizo de las suyas y como remate final propició un incomprensible desaire en Madrid al viceconsejero canario de Turismo, aunque éste le dio mayor altura con unas declaraciones imprudentes y un desplante innecesario.

Los desencuentros personales y las viejas rencillas políticas entre Soria y Rivero han dejado huella y podrían pesar como una losa sobre las relaciones entre los Gobiernos central y autonómico. La presencia en Madrid de un ministro canario tendría que ser, sin más, la mejor noticia para las Islas. Por encima de personalismos, ideas y militancias, deben imperar los intereses del Archipiélago; más aún cuanto las responsabilidades atribuidas a Soria atienden campos de especial importancia como el turismo, principal renglón de nuestra pujanza económica, y la energía, un suministro vital para el desarrollo de las Islas. Por no insistir en el sector industrial, hoy empequeñecido pero con excelentes perspectivas si cuajan varios proyectos en curso y se concretan las anunciadas iniciativas sobre polígonos industriales y tecnológicos.

Primero surgió el conflicto de las tasas aéreas, sobre las que Soria había anticipado que seguirían vigentes en 2012, pero no así las bonificaciones complementarias. La reacción oficial en Canarias fue alocada e inoportuna y hasta el Ejecutivo de Rivero contribuyó a propiciar un frente común anti-Soria, aun no siendo las tasas asunto de su competencia, mediante un encuentro entre distintas fuerzas vivas económicas y políticas para reclamar su continuidad. Sobre las tasas ya se ha dicho que animan el mercado aéreo en unos momentos en que las Islas precisan apoyos para beneficiarse de un turismo en alza merced a la relativa recuperación económica de Alemania y Reino Unido -los dos principales mercados emisores- y, sobre todo, a los problemas de inseguridad creados tras la primavera árabe en el norte africano, que han permitido la deriva hacia Canarias de cientos de miles de viajeros.

Las bonificaciones son otra cosa y en la práctica solo benefician a las empresas charter y de bajo coste, ya que se fundamentan en primar la apertura de nuevas líneas y el incremento de pasajeros, lo que deja fuera a las compañías tradicionales o, en todo caso, les beneficia mínimamente. Con el paso de los días se ha visto que su supresión, pese a las alarmas desproporcionadas, está bien vista por las líneas aéreas tradicionales, por las grandes del sector de bajo costo, por las agencias de viaje, por algunos operadores y, sobre todo, por la Comisión Nacional de la Competencia y por los Servicios correspondientes de la Unión Europea. Estos dos últimos consideran excesivas las ayudas que reciben las líneas de bajo costo porque desvirtúan el correcto funcionamiento del mercado, propician una competencia desleal y, más que promocionar los destinos turísticos, engordan su presencia en rutas concretas, en detrimento de las compañías tradicionales, a las que restan viajeros. Es el caso de Ryanair, que además, con ayudas logradas de distintas comunidades autónomas, diputaciones, cabildos y ayuntamientos, se ha embolsado cien millones de euros en cinco años. Por el momento, el Ministerio de Fomento ha anunciado a las autoridades canarias que, tan pronto tenga noticias, les comunicará si las bonificaciones desaparecen definitivamente o son reestructuradas en función de nuevos y más justos parámetros que los que se aplicaron hasta final de año. Que las relaciones Madrid-Canarias o Canarias-Madrid (hablar de Canarias-Estado es un dislate y una ligereza más de cómo el mal uso de los términos puede confundir la realidad) discurren por ámbitos normales, salvo las personales de Rivero y Soria, lo confirman, entre otras, las recientes entrevistas de la ministra de Fomento, Ana Pastor, con los consejeros Rojas y Berriel y del ministro de Agricultura, Arias Cañete, con el consejero canario del ramo, Juan Ramón Hernández. Suena por tanto extraña e incomprensible la anormal rivalidad que se mantiene entre los máximos representantes del Ministerio de Industria y del Gobierno canario sobre la cuestión aérea y acerca de asuntos de la competencia de Soria, como las exploraciones petrolíferas en aguas a 30 millas de Canarias o el futuro de las energías renovables. ¿No podrían deshacerse malos entendidos con una ración de buena voluntad? ¿Acaso una simple llamada telefónica o un discreto encuentro personal no podrían poner fin a las actuales discrepancias, para evitar escaladas de desagrado cuando de lo que se trata es de salvaguardar los intereses de Canarias? ¿Qué pasa, que las vísceras van a lograr mejores efectos que el cerebro o que el orgullo y tente tieso puede más que la razón y el bien general?

Sobre la cuestión petrolífera poco cabe decir, salvo que hace bien el Gobierno canario en no tolerar presuntos abusos o atropellos a los derechos que asisten a las Islas y a su marco institucional. Pero se equivoca al amenazar con tribunales y recursos que no conducirían a parte alguna si mantiene la peregrina idea de poner en solfa la plena competencia del Estado para autorizar prospecciones petrolíferas en aguas territoriales españolas, dentro o fuera de las 12 millas de cada isla. La llamada Ley de Aguas de Canarias -lo digo con dolor pero también con rotundidad- es un brindis al sol, una ocurrencia zapateril sin mayores efectos jurídicos que los meramente declarativos, porque carece de desarrollo reglamentario. Según el artículo 132.2 de la Constitución, tanto el mar territorial como los recursos naturales de la zona económica exclusiva son bienes de dominio público estatal, como reconocen la Convención del Mar y otros tratados internacionales. Cosa es distinta es exigir que se cumplan todos los requisitos necesarios para el buen fin de las exploraciones y la seguridad de las costas canarias e incluso la participación de las Islas -que hoy por hoy ni tienen ningún derecho, con la ley en la mano- en los eventuales beneficios que se produzcan. Y, por su puesto, no es solo cuestión de cortesía, que también, sino obligación legal y moral escuchar el parecer, aunque no sea vinculante, de las instituciones canarias, antes de dar al asunto el visto bueno definitivo.

El caso de las energías renovables, eólica y termosolar o fotovoltaica, lo que ha hecho el Ministerio de Industria es de puro sentido común: suprimir las primas a la instalación de este tipo de plantas para no incrementar el déficit tarifario con las compañías eléctricas, que alcanza 24.000 millones de euros. A más producción eléctrica -que no es necesaria porque la actual es muy superior a la demanda-, más déficit por culpa de las primas. Si alguien quiere seguir con el negocio, nadie se lo impide, pero sin ayudas públicas. En el caso canario, la supresión sería dramática porque llevamos un retraso de casi diez años y no precisamente por culpa del Gobierno central sino por nuestras propias incapacidades y por el escándalo del ‘caso eólico’. De ahí que Soria haya anunciado un plan específico para las Islas dadas sus singularidades eléctricas. Ese plan está en estudio, pero no obstante desde distintas instancias institucionales y privadas canarias ya se ha levantado el hacha de guerra para atacar a Soria y calificarle de anticanario, traidor y otras lindezas por el estilo.

No creo que nadie en su sano juicio pueda creer que a Soria o a Rivero les apetezca hacer daño a su tierra y perjudicarla con medidas injustas o inoportunas. Pero si siguen así, puede que lo consigan aun sin pretenderlo. Con la crisis a todo galope y con los retos pendientes, los dos dirigentes políticos deberían conjurarse para trabajar en común y dejar aparte enemistades temporales o diferencias coyunturales antes de que echen malas raíces y conduzcan a disensiones definitivas. Y aunque ambos se crean en posesión de la verdad, sería bueno que se aplicaran el popular soneto del poeta calderoniano Antonio de Solís: “Cada cual en su cuestión/ con razón es pertinaz./ Pues el diablo ponga paz/ a dos que tienen razón”. ¿Alguien se ofrece a hacer de diablo?