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El 90% de las galerías de riesgo ya han sido clausuradas en Tenerife

La tragedia acaecida en Piedra de los Cochinos obligó al Gobierno a la regularización de las galerías. / DA

JESSICA MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El viernes pasado se cumplieron cinco años de la tragedia de Piedra de los Cochinos, donde seis jóvenes senderistas perdieron la vida en el interior de una galería de agua, en el municipio de Los Silos. A partir de ese momento, con el fin de evitar que este tipo de sucesos se repitiera, desde las administraciones públicas canarias se ha llevado a cabo una serie de medidas para garantizar la seguridad en este tipo de infraestructuras. Uno de los resultados es que un lustro después del terrible suceso parece haberse tomado conciencia de ello y ya se han clausurado en Tenerife la mayoría de los pozos y galerías clasificadas de riesgo elevado.

A partir de 2007, el Cabildo de Tenerife comenzó la labor de inventariar todas las instalaciones de esta índole, la cual concluyó con un total de 1.517 pozos y galerías. De esta cifra, se ha decretado que 135 tienen un nivel de riesgo alto o muy alto, en las que como se determina en un real decreto del Gobierno de Canarias, debían ser clausurados por sus propietarios, o en su defecto por la administración regional. Actualmente, se sigue trabajando en este trámite, aunque ya más del 90% de ellos han sido cerradas, informó a este medio el consejero insular de Aguas, Jesús Morales. “Desde aquel momento la situación ha cambiado mucho, estamos en un nivel de riesgo controlado, pero seguimos trabajando para tener todos los pozos y galerías que suponen un peligro cerrados”, afirmó el consejero.

Además reconoció que en 2007 “estábamos en una situación que no era la más deseada, pero nos hemos aplicado y se ha avanzado mucho”. Del mismo modo, Morales insistió en que aunque hay una normativa regional para actuar en estas instalaciones, Tenerife es la única Isla donde se han llevado.

Cierre de 37 instalaciones

Del total de 135 pozos y galerías decretadas de alto riesgo, el Gobierno canario ha procedido al cierre de 37 instalaciones. Esto es así ya que aunque esta actuación debe ser responsabilidad del propietario (o en su defecto, del titular del terreno) no ha sido posible contactar con éste. Además, más de 80 han sido cerradas por los propietarios. A esta cifra se sumará, en breve, otras cinco infraestructuras, de cuyos trabajos se encargará la Corporación insular por encontrarse en dominio público hidráulico.

En concreto, de estas cinco dos se encuentran en el municipio de Granadilla, una en La Matanza, una en Tacoronte y la otra en El Rosario. Asimismo, para el resto de pozos y galerías se seguirá el protocolo habitual, lo que supone intentar contactar con el responsable para que proceda al cierre.

Inactivas

Del inventario de pozos y galerías llevado a cabo por los técnicos del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT), se desprende que hay un total de 1.517 instalaciones, de las cuales la gran mayoría (1.121) son galerías y el resto son pozos. Asimismo, un dato llamativo es que el 60% de estas están inactivas, que por lo general son aquellas que pueden causar un mayor riesgo. Este listado se comenzó a llevar a cabo en el año 2008 con el fin, no solo de localizar cada uno de los almacenamientos de agua, sino también obtener una descripción lo más detallada posible para identificar si existía riesgo o no para la ciudadanía.

En ese mismo año, y también a raíz de la tragedia de Piedra de los Cochinos, el Gobierno regional saca un decreto que, entre otros aspectos, otorga la responsabilidad de la seguridad en pozos y galerías a los propietarios. Se trata del Decreto 232/2008, de 25 de noviembre, por el que se regula la seguridad de las personas en las obras e instalaciones hidráulicas subterráneas en Canarias.

Esta normativa estipula las condiciones en las que deberían estar estas instalaciones. Desde entonces se ha notificado a los dueños la necesidad de cerrar las peligrosas, “a lo que casi todos accedieron a llevar a cabo, aunque en algunos casos hubo reticencias”, precisó Morales.

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Lento y costoso

El consejero insular Jesús Morales, al igual que el gerente de CIAT, José Fernández, insisten en la dificultad y lentitud del proceso. “En muchas ocasiones lleva bastante tiempo localizar al propietario, a lo que se suma las dificultades y el coste que pueden suponer los trabajos de cierre”, aseveraron. Fernández explicó que uno de estos factores es que las instalaciones anteriores al año 1928 no están registradas (por no existir normativa al respecto antes de esa fecha), por lo que ha sido “bastante complicado” localizarlas. A ello se suma, en muchos casos, la tardanza en localizar el titular, el difícil acceso y los permisos que se han de solicitar entre otros factores”.

En el caso del Cabildo de Tenerife, las labores para la identificación y adecuada señalización de los pozos y galerías ha supuesto en estos cinco años el desembolso de alrededor de 100.000 euros, a los que hay que sumar el coste que supondrá el próximo cierre de las instalaciones consideradas de alto riesgo, aunque se espera “que se haga cuanto antes”.

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