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El caso Contador > Jaime Rodríguez-Arana

La sanción impuesta por el Tribunal Arbitral del Deporte a Alberto Contador pone de manifiesto, entre otras cosas, la imperiosa necesidad de someter a control jurídico, de someter a derecho, las decisiones de todo un conjunto de organismos de naturaleza arbitral y dimensión global. Con independencia de lo injusto de la sanción, me gustaría compartir algunas ideas que vengo desarrollando desde años y que ahora, en el caso Contador, cobran especial actualidad. Me refiero a la necesidad de someter a control jurídico las resoluciones de instituciones de la nueva organización administrativa global. En efecto, en los últimos tiempos, han proliferado en la dimensión supranacional toda una pléyade órganos y organismos, también de naturaleza híbrida y privada, que toman decisiones y resuelven conflictos desde la perspectiva de la racionalidad técnica. Este mundo, incipiente pero que avanza con gran fuerza, se denomina Derecho Público Global. Para el caso que nos ocupa, el sistema del régimen olímpico, toda su estructura de orden administrativo y arbitral, conforma un caso evidente de esta nueva expresión de la realidad global. El problema que presenta la emergencia de estas iniciativas es que adquieren tal especialización que incluso sus decisiones y resoluciones, de validez y vinculación jurídica global, no están basadas en la matriz cultural del Estado de Derecho, sino en el Estado del expertise, en el Estado de la técnica. Por eso, hoy en día existe una corriente de pensamiento que trata de someter esta creciente realidad al Derecho, pues, de lo contrario, estaríamos asistiendo a una nueva dictadura de la técnica, de la racionalidad técnica sobre la racionalidad jurídica. Y el Derecho sí tiene importancia es porque garantiza que la justicia pueda ser una venturosa realidad. En el caso Contador, hay que tener presente que el Tribunal Arbitral del Deporte surge bajo la dependencia del Comité Olímpico Internacional (COI). Inició sus actividades en 1984 y en 1994 se suprime su vínculo orgánico al COI, de forma que sus decisiones pueden ser recurridas ante ese Tribunal Federal helvético y, obviamente, ante el Tribunal Europeo de Derecho Humanos. En estos supuestos, las resoluciones del Tribunal Arbitral no son inapelables, lo que, de ser así, provocaría una cierta indefensión. Primero porque rigen normas de responsabilidad objetiva y es el acusado el que tiene que soportar la carga de la prueba. Y, segundo, porque, como se aprecia en el caso Contador, es posible imponer una sanción basada en que la tesis del imputado, aunque posible, se considera improbable. Por si fuera poco, la resolución del Tribunal que condena a Contador entiende, y es el colmo, que la tesis de la acusación es posible, aunque menos probable que la del ciclista. Si Contador tiene la razón y efectivamente puede probar fehacientemente que la sustancia que apareció en su organismo, el clenbuterol, tiene como causa la ingestión de de carne contaminada, entonces el calvario que se cierne sobre él habrá terminado de una vez y para siempre.

*Catedrático de Derecho Administrativo jra@udc.es