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El Consistorio capitalino, dispuesto a suavizar la norma del fuera de ordenación

Julio Pérez presidió la Comisión de Control, en el Ayuntamiento de Santa Cruz. / JAVIER GANIVET

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife defiende que el problema de las edificaciones fuera de ordenación que se estima superan las 2.000 y afecta a más de 80.000 vecinos, se resolverán preferentemente con la creación de distintos mecanismos desde el propio Plan General de Ordenación (PGO), una opción a la que ayer el primer teniente de alcalde del Consistorio santacrucero, Julio Pérez, añadió la posibilidad de modificar la normativa para suavizarla y no condenar al inmueble a permanecer en la ilegalidad, una opción, aseguró que está recogida en el pacto de gobierno firmado por CC y el PSOE.

Pérez, que presidió la Comisión de Control celebrada ayer, respondía así a la pregunta planteada por XTF sobre las formas jurídicas para solucionar esta situación. El primer teniente de alcalde, además de señalar que entre los mecanismos que se barajan dentro del PGO para regular los fuera de ordenación está la modificación de los usos de las edificaciones por un lado y la ampliación de los ámbitos geográficos para aquellas que estén en los límites geográficos, señaló que hay dos extremos que no son utilizables y que calificó como “radicales”. “No usaremos ni la eliminación de la exigencia de una densidad de población concreta ni tampoco que la densidad no sea modificable cuando el suelo urbano esté consolidado”.

Pérez justificó la tardanza en la elaboración del catálogo de edificaciones fuera de ordenación en que “es una situación que afecta a más personas de las que creíamos y es evidente que no se han cumplido los criterios de evolución de la densidad de población que se habían previsto en los años 90”.

Corrales, ponente de la pregunta, reiteró la petición de un “acuerdo político y social” para solventar una situación que afecta a un montón de gente, “se habla incluso de que afecta a la mitad de la población de Santa Cruz”, dijo el portavoz de XTF.

El teniente de alcalde Julio Pérez también confirmó a Corrales que se mantiene la fecha del 7 de marzo para dar a conocer el catálogo definitivo del fuera de ordenación.

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Deuda por procedimientos judiciales

Ciudadanos por Santa Cruz, a través de su portavoz, Guillermo Guigou, solicitó información al Ayuntamiento sobre las deudas derivadas de la ejecución de sentencias judiciales. Un listado que fue proporcionado con cifras y números de procedimientos judiciales pero que desde las concejalías implicadas no se acertó a especificar la forma en que debía ser interpretado. Lo que se deriva de las cifras proporcionadas es que se le reclama al Consistorio de Santa Cruz una cifra cercana a los 100 millones de euros. Muchos de estos procedimientos están aún abiertos, bien esperando sentencia, bien recurridos o a la espera de una cita para ser celebrados. La cifra de las sentencias que aparecen como firmes supera los seis millones de euros. Las fechas que aparecen en el documento se remontan a 2008 y los motivos por los que se demanda al Ayuntamiento son tan variados como por ejemplo la pérdida de restos mortales, reclamaciones de multas, tarifas municipales o el ya famoso contrato de compraventa de Las Teresitas.

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