Hoy se abren las puertas del Averno. Hoy tañen las campanas de la revolución. Hoy entra en vigor la gran reforma laboral que había prometido el Gobierno conservador. Verán ustedes correr ríos de tinta y rabia, razones y pasiones, sobre el contenido de este decreto que, en resumen, surge de la evidencia de que esto está tan mal que algo había que hacer para remediarlo. España es el país de Europa con el despido más caro, con los salarios más bajos y con la clase política más irresponsable. Ya sabrán ustedes los contenidos de la reforma. Se abarata el despido, se facilitan las regulaciones de plantilla cuando hay pérdidas reiteradas (con peligro de contabilidad creativa), se ataca tímidamente el absentismo laboral que practican de forma habitual más de un millón de trabajadores y se elimina el blindaje del trabajador antiguo frente a los jóvenes aspirantes.
La reforma, pese a toda la alharaca montada por la izquierda, ni es revolucionaria ni es radical. Primero, se cuida mucho de atacar frontalmente la estructura del empleo público. Segundo, sigue garantizando la manutención y el protagonismo de esos organismos parasitarios de la ecomomía, llamados patronales y sindicatos. Y tercero, carga otra vez el costo de las medidas sobre el sufrido ejército de currantes que aún siguen teniendo un puesto de trabajo en este país. La subida del IVA y del impuesto sobre las rentas del trabajo, las cargas públicas sobre pequeñas empresas, autónomos y trabajadores -que suponen entre un 40 y un 60% de las nóminas- y ahora el abaratamiento del despido, son perdigones que impactan sobre el mismo y depauperado cuerpo del mercado privado, esa vaca de ordeñe. No habrá más empleo, ni mejora en la economía, ni estímulo del mercado, hasta que se reduzcan de forma sustancial las cargas fiscales sobre trabajadores y empresarios y la fiscalidad sobre consumo. Más dinero en nuestros bolsillos y menos en el de los gobiernos. Pero no hay recortes a la vista que afecten decisivamente a los costos operativos de las administraciones. La austeridad pública, hasta hoy, consiste en poner a dieta a los contribuyentes.
Ya se han levantado voces indignadas contra la reforma. Curiosamente son las mismas que exigen el mantenimiento de su estado de bienestar (o lo que es lo mismo, que nos sigan exprimiendo como limones) las que piden también que no nos sigan majando el bolsillo. Una cosa y su contraria. Cosas de las dos Españas, que diría Azaña.
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