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El diputado broncas > Francisco Pomares

Miguel Cabrera Pérez-Camacho es sin duda uno de los mejores oradores del Parlamento de Canarias. No es un gran mérito, porque nuestra Cámara anda bastante escasa de oratoria y descafeinada de ideas en los últimos tiempos.

Cabrera tiene una voz grave y viril, ensayada en los tribunales, que modula como un cicerón de juzgado, tiene además criterio, capacidad de hilvanar argumentos y una inagotable reserva personal de maldad dialéctica.

Se pasa algún pueblo con cierta frecuencia, y, si no, que le pregunten a Paquita Luengo, que sufrió la afición quevediana de nuestro hombre a la recitación, en un conjunto de versos de dudoso gusto y remate directamente zafio. Pero el Parlamento canario sería mucho más aburrido de lo que es si él no estuviera.

Fue este Miguel Cabrera quien definió poco después de las elecciones generales cómo serían a partir de entonces las relaciones entre el Gobierno Rajoy y el Gobierno Rivero: “De fría lealtad institucional”, sentenció en una frase heladora. Pero debe haberle sabido a poco su propio pronóstico. El martes, bastante crecido por la belicosidad pepera de los últimos dos meses, decidió dar una vuelta de tuerca más, y anunció que de la fría lealtad institucional de los primeros días se pasa al ninguneo total del Gobierno de Canarias, al que calificó provocadoramente como “un Gobierno de segunda”, presidido por un político mediocre. Para rematar la faena, lo de calificar a Rivero de mediocre no es que viniera a cuento, pero por faltar que no quede.

Dijo Cabrera que será el Gobierno de Rajoy el que lleve la voz cantante en la reforma del REF, porque “estaría bueno que Coalición Canaria, con una sola diputada en el Congreso, intentara marcarle la hoja de ruta al partido que Gobierna España con mayoría absoluta”.

La concepción de la política que subyace en el discurso bronquista de Miguel Cabrera es peligrosa: la democracia no es sólo que quien tiene la mayoría imponga su santa decisión.

La democracia requiere de respeto a las minorías, de integración de posiciones y de búsqueda de consensos. Para que la democracia funcione, es imprescindible que las distintas administraciones públicas acepten sus roles institucionales.

Es cierto que el REF es una ley que debe aprobarse en las Cortes, pero pretender que Parlamento y Gobierno de Canarias no tengan nada que decir en ese debate es condenar la reforma al fracaso.