YAZMINA ROZAS | Santa Cruz de Tenerife

El Ejecutivo canario ha comenzado a responder a los conflictos generados con el Gobierno estatal del PP a través del Tribunal Constitucional. Desde que Mariano Rajoy comenzara su andadura el pasado diciembre, el Ejecutivo regional ha formulado dos recursos de inconstitucionalidad y amenaza con otros dos por las prospecciones petrolíferas y la suspensión de las primas renovables. Es un reflejo de la tensión en las relaciones entre Canarias y el Estado.

La primera de ellas se presentó poco después de la toma de posesión de Rajoy. El Gobierno canario interpuso un recurso de inconstitucionalidad al artículo seis de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, que busca la igualdad efectiva de mujeres y hombres en este sector. El Ejecutivo argumenta que la materia de fondo sobre la que versa, agricultura, es de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma.

El segundo recurso es contra el anexo I del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante por la inclusión de las instalaciones de Guía de Isora y de Los Cristianos como puertos de interés general.

Además, durante el último mes de la anterior legislatura estatal, el Gobierno canario presentó también otro recurso de inconstitucionalidad a varios artículos de de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

En las últimas semanas, el Gobierno regional ha amenazado con la presentación de otros dos ante los recientes anuncios que ha hecho el Estado, y concretamente el Ministerio de José Manuel Soria.

El presidente canario, Paulino Rivero, anunció este mismo mes que elevaría al Constitucional la supresión de las energías renovables si dicho conflicto no se soluciona en la Comisión Bilateral entre Canarias y el Estado, para la que aún no hay fecha. Poco después, el Ejecutivo autonómico afirmó que las competencias para autorizar investigaciones y prospecciones petrolíferas en aguas de Lanzarote y Fuerteventura corresponden a Canarias y no al Estado, que pretende iniciarlas pronto. El Gobierno ha anunciado que recurrirá a todas las medidas que sean legalmente procedentes.

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Recurso autonómico contra la Ley de Puertos

El último recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias es contra el anexo I al texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante por la inclusión de los puertos de Guía de Isora y de Los Cristianos como puertos de interés general del Estado.

La Comunidad Autónoma recuerda que, en una reunión de la Comisión Bilateral Canarias-Estado en enero de 2004, se había llegado a un acuerdo para excluir al puerto de Guía de Isora de tal consideración. Sin embargo, apunta que tal determinación no se ha recogido en el texto refundido, en cuyo anexo sigue figurando como puerto de interés general.

El Ejecutivo regional vuelve a rechazar esta clasificación, no solo por razones formales sino también por argumentos de fondo consistentes en que los motivos que se tuvieron en cuenta para la desclasificación del puerto no han variado desde el año 2005.

El Ejecutivo señala también que, bajo ese mismo criterio, es posible examinar la inclusión del puerto de Los Cristianos entre los puertos de interés general para concluir que tampoco se dan los criterios que han justificado formalmente su clasificación, motivo por el cual es posible recurrir a la nueva norma que constituye el texto refundido para revisar los argumentos que han permitido un alineamiento con los otros puertos canarios de interés general.

Incoherencia

El director general de Puertos, Juan José Martínez, calificó recientemente de anomalía e incoherencia que el puerto de Los Cristianos se siga considerando de interés general del Estado. A su juicio, no se entiende que se le mantenga esta denominación cuando solo tiene tráfico interinsular.

Este puerto del Sur de la Isla tiene un importante interés estratégico y económico para el Estado ya que es punto de comunicación entre Tenerife y el resto de las Islas. Martínez explicó que, si se incluyera a esta infraestructura en la red autonómica de puertos, sería la más importante de España.

Canarias tendría, además, la potestad para continuar o reconsiderar los proyectos de remodelación de este puerto que tiene en marcha la Autoridad Portuaria tinerfeña.

El Gobierno ha tratado de negociar este asunto con el Estado, del que no ha recibido respuesta; por ello, procedió a interponer dicho recurso. Ha solicitado, además, un dictamen al Consejo Consultivo.

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