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El Gobierno exige a Madrid un trato singularizado con las renovables

BEGOÑA AMEZUA | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias adoptó ayer un pronunciamiento en el que exige al Ejecutivo estatal de Mariano Rajoy un trato singularizado en materia de energías renovables. El gabinete autonómico de nacionalistas y socialistas catalogó de “error histórico” la supresión de las primas a las energías limpias y advirtió de que, de no corregirse ya la situación, secundará a las patronales del sector en su intención de plantear una demanda judicial. El portavoz gubernamental, Martín Marrero, aseguró que peligran 5.000 empleos y 1.150 millones de euros en inversiones.

Primero fue la supresión de las bonificaciones de tasas a las compañías aéreas, después el inicio de los estudios de las prospecciones petrolíferas, también con el desconocimiento de la Comunidad Autónoma, y el pasado viernes, el acuerdo del Consejo de Ministros de suprimir las primas a las energías renovables.

Esta última medida del Ejecutivo de Rajoy es la que llevó ayer al Consejo de Gobierno de CC-CCN-PNC y el PSC a tomar un acuerdo en defensa del desarrollo de las energías limpias en las Islas.

El Gobierno de Canarias, según Marrero, entiende que la eliminación de estas ayudas energéticas es un “error gravísimo, por no decir histórico”, como se ha considerado a nivel de todo el país, tal y como recordó el portavoz. El Ejecutivo canario, continuó, tiene “claro” que la Comunidad Autónoma “ha de tener un trato singularizado, que no implica privilegio” alguno, por las características del Archipiélago.

Nacionalistas y socialistas, añadió, “no renuncian” al objetivo del Plan Energético de Canarias (Pecan) para que, en el 2015, el 30% de la electricidad consumida en las Islas sea generada por la energía eólica, fotovoltaica y la hidroeléctrica generada por las presas de Chira y Soria.

“No se puede concebir el futuro sin pensar en términos de sostenibilidad”, según Marrero. Una senda, continuó, que debe guiar el futuro económico de Canarias porque además generará un tejido productivo de calidad y estable, que contribuirá a diversificar la dependencia del turismo y la construcción.

Según el portavoz, la supresión de las primas pone en peligro 5.000 empleos y 1.150 millones de euros de inversión, en una región en la que uno de cada canario en edad de trabajar está en paro. Martín Marrero, en respuesta a los argumentos dados por el Ejecutivo estatal, para tomar esta decisión, declaró que, “en absoluto,” el coste financiero de las primas puede provocar un desequilibrio en las cuentas del Estado.

Canarias, recalcó, exige que “cuanto antes” se corrija o matice este escenario, entre otras razones, por la situación de “incertidumbre creada, que es la menos recomendable” en el actual panorama de crisis.

Martín Marrero recordó que la patronal del sector ha anunciado que planteará una demanda judicial, lo que el Gobierno canario contempla como una “posibilidad aunque esperamos no tener que acudir a ella” después de que Madrid “atienda nuestras razones”.