BEGOÑA AMEZUA | Santa Cruz de Tenerife

Las fórmulas del líder del Partido Popular (PP) canario, José Manuel Soria, para impulsar la economía en tiempos de crisis queda plasmada en la ponencia redactada para el XVII Congreso nacional, que se celebrará en Sevilla el próximo fin de semana.

La homologación estatal de las infraestructuras energéticas, la reducción “en la medida de lo posible” de las distorsiones que encarecen el sistema, la entrada del gas por el norte de África, el refuerzo de la competencia en electricidad e hidrocarburos y la mejora de la fiscalidad para el sector turístico resumen las líneas maestras de dos de las tres áreas de influencia del también ministro de Turismo, Industria y Energía.

A la espera de que se concrete el compromiso de Soria para recoger las especificidades canarias, que salven a las Islas de la supresión de las primas a las energías renovables, la ponencia económica; en la que también han participado los presidentes autonómicos de Aragón y Extremadura, Luisa Fernanda Rudí y José Antonio Monago, carece de referencias sobre el Archipiélago y sus singularidades.

Las recetas referidas a la energía y orientadas a impulsar la economía se asientan en la existencia de un déficit anual en el sector eléctrico de España, que supera los 3.000 millones de euros, y una deuda tarifaria acumulada de más de 22.000 millones de euros.

Por ello, la competitividad de “nuestra industria se ve lastrada”, recalca el documento, ya que la energía determina los costes de los demás sectores económicos.
Según el PP, las tarifas eléctricas para consumidores domésticos son las terceras más caras de Europa, y las quintas más elevadas para los consumidores industriales.

Los populares consideran imprescindible frenar y reducir los costes medios del sistema, utilizando “todas las tecnologías disponibles y teniendo como objetivo primordial la competitividad”. A partir de estas consideraciones proponen nueve medidas de actuación.

La primera pasa por “avanzar en la liberalización y reforzar” la competencia y la supervisión en los mercados de la electricidad y de los hidrocarburos. De momento, hay una voluntad decidida de José Manuel Soria de reactivar las autorizaciones a Repsol, para que retome los estudios para determinar las bolsas de petróleo que pueden existir frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

La segunda medida de la ponencia plantea el establecimiento de un marco jurídico, institucional y supervisor estable y “aprovechar todo el potencial” de la posición geoestratégica de España como puerta de entrada del gas del norte de África a Europa.

Tampoco ha tardado el ministro canario, como se autodenomina, a la hora de “desbloquear” el proyecto de la regasificadora de Granadilla.

El PP armonizará, en todo el territorio nacional, los criterios, permisos, tasas e impuestos para la instalación o desmantelamiento de infraestructuras energéticas.

La cuarta propuesta aboga por una “coordinación entre administraciones” en el desarrollo de las energías renovables y garantizar una integración “eficaz” de estas energías en el sistema eléctrico.

El sector de las renovables de la Comunidad Autónoma sostiene que, sin primas, no podrán subsistir más de tres meses mientras que el Ejecutivo regional ha visto paralizada la planificación sobre la energía eólica.

La gestión voluntaria de la demanda con información real sobre los consumos y la promoción de los programas de ahorro energético, son otras dos medidas que promueve esta formación política.

Sin olvidar, agrega el documento, “colaborar” con los agentes del sector para garantizar la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental, “reduciendo en la medida de lo posible, las distorsiones que encarecen artificialmente” el sistema.

De ahí que gestionar los permisos de los emplazamientos nucleares, de forma que la “prolongación” de su operación “redunde en un menor coste” para los consumidores, contribuirá al “mix energético equilibrado”, que necesita España.

Turismo

El sector turístico, para la formación política del presidente del PP regional, constituye un factor “clave” en la “proyección exterior” de España y en la valorización del patrimonio natural, histórico y cultural español.

Además, según la ponencia, es “nuestra principal industria exportadora”, así como uno de los más importantes motores de la economía española y fuente de creación de empleo, riqueza y bienestar de nuestro país.

A pesar de definir con esta trascendencia a este sector, las propuestas impulsadas, salvo alguna excepción, no pasan de ser meros tópicos.

El PP comienza por plantear una mejora de la fiscalidad y el desarrollo de políticas trasversales entre todos los ministerios implicados en el sector. Para una España, que es una potencia mundial en la materia, los populares abogan por simplificar la legislación en materia de turismo y reducir sus cargas administrativas.
Los planes específicos de desarrollo y promoción del turismo cultural, de naturaleza, náutico, deportivo, ecuestre, cinegético, gastronómico y enológico, o el turismo de golf, son relevantes para desestacionalizar este sector.

La cuarta propuesta coincide con el trabajo promovido en las Islas al priorizar la reconversión de zonas maduras, basada en la calidad y la sostenibilidad.
La red de oficinas de Turismo de España en el exterior van a tener que trabajar para potenciar la imagen del país al mismo tiempo que se facilitarán los trámites en los consulados en países potencialmente emisores para agilizar la concesión de visados turísticos. Para evitar “ineficiencias”, consideran fundamental que todas las políticas estén coordinadas dentro de una política integral. De momento la coordinación se está dando con las regiones del PP.

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Industria, a competir

El ministro de Industria debe rechazar, según reza la ponencia de su formación política, una concepción dirigista y proteccionista de la política en la materia. La labor del Gobierno, continúa el documento, no es dictar cuáles serán los sectores o las tecnologías del futuro, sino crear las condiciones necesarias para que sean los consumidores y las empresas las que, en libre competencia, lo determinen.

Se trata de proporcionar un marco competitivo y un clima de negocios favorable a la innovación y a la competitividad, mientras que la intervención directa del Estado se limita a contados casos excepcionales, según la ponencia económica.

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