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El rector de la ULL justifica la apertura de expediente a la AMEC por haber cometido un acto difamatorio

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz

El rector de la Universidad de La Laguna ha informado al Consejo de Gobierno acerca de varios asuntos relacionados con el alumnado. Eduardo Doménech advirtió del posible retraso de las becas universitarias, tramitadas por el Gobierno de Canarias a través de la Fundación Canaria para la Promoción de la Educación (Proeduca), cuestión de la que, según el rector, “esta universidad no es en absoluto responsable, puesto que entregó en tiempo y forma toda la documentación necesaria”.

Además, un representante del grupo claustral de la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC) preguntó hoy al rector, en el transcurso del Consejo de Gobierno, los motivos por los cuales se ha abierto expediente sancionador a la AMEC y no se ha recurrido a la mediación. Este alumno solicitó asimismo la dimisión del rector, ya que bajo su criterio no sabe gestionar este tipo de conflictos.

Eduardo Doménech le explicó cómo habían sucedido los hechos y recalcó que la Universidad le ha ofrecido en varias ocasiones a este grupo de estudiantes la posibilidad de retractarse, con lo que, de este modo, se cerraría el conflicto, a lo que los alumnos no han accedido.

En marzo de 2011, la AMEC denunció que la Facultad de Psicología había tramitado negligentemente 300 becas de alumnos, de tal modo que debido a este retraso los estudiantes corrían el riesgo de quedarse sin percibir esas ayudas. Enterada la Facultad de tal denuncia, el decanato del centro se puso en contacto con la Fundación Canaria para la Promoción de la Educación del Gobierno de Canarias, a quien se le remitieron los expedientes y quien se encargó de su tramitación.

La citada fundación desmintió la denuncia de AMEC e informó al centro académico de que sólo habían quedado, en ese momento, más de cien becas pendientes de tramitación definitiva, a falta de que los estudiantes presentasen la documentación requerida o subsanasen alguna deficiencia formal. Es decir, la Fundación confirmó que la tramitación de las becas depende enteramente de ella, y no de la Universidad de La Laguna.

La Facultad, por su parte, decidió en sesión de junta elevar al Servicio de Inspección de la institución académica el caso, habida cuenta de que suponía, según la propia Facultad, una difamación para el centro y ponía en duda la competencia y profesionalidad del personal de administración y servicios de Psicología.

El Servicio de Inspección realizó durante meses un proceso indagatorio, en el que entrevistó a los alumnos, al personal de la Facultad, a los representantes de la citada fundación y a otros funcionarios. En esta sesión de entrevistas, en las que la Facultad aportó la documentación requerida, quedó demostrado, según el centro, que la Secretaría de la Facultad tramitó en tiempo y forma las citadas becas y que su resolución definitiva no dependía de ella, sino de la fundación del Gobierno de Canarias.

Posibilidad de retrotraerse

Por otro lado, el Rectorado ofreció a los alumnos la posibilidad de retrotraerse en sus declaraciones, dado que, según el rector, “ha quedado demostrado que contiene información falsa”, pero la AMEC se negó y por tanto el proceso siguió su curso. Además, continuó el rector, la AMEC dijo haber llevado el asunto a su asamblea, órgano que se ratifica en lo dicho, a sabiendas de que la información “no se ajustaba a la verdad y de que no tenía cómo probarlo”.

Finalmente, el Servicio de Inspección estimó que la AMEC había incurrido en dos faltas graves: una derivada del propio acto difamatorio y otra por probidad o falta de honradez al utilizar datos falsos para ir en contra de la Universidad. Por tanto, elevó al rector la propuesta de incoación de expediente a 23 miembros de este colectivo, habida cuenta de que ninguno de ellos reconoció la autoría del escrito y, por tanto, la Inspección entiende que todos son coautores y cómplices en la difamación a la Universidad de La Laguna.

Se abre ahora expediente sancionador, que deberá dirimir un profesor universitario, llamado a servir como instructor del caso. En este punto, Doménech añadió que no ha tenido nada que ver en esta investigación, ya que fue la Junta de Facultad quien decidió llevar la denuncia ante el Servicio de Inspección.

El rector indicó además que no se puede difamar a una institución pública cuando no se tienen pruebas concluyentes para ello, y máxime cuando ha quedado demostrado que tales pruebas no son ciertas. Doménech hizo hincapié en que no se trata de una cuestión de libertad de expresión, como afirman los alumnos, sino de responsabilidad ante una difamación sin fundamento que causa un perjuicio no sólo a la propia institución universitaria, sino a los empleados públicos que para ella trabajan.

“El prestigio y buen nombre de la Universidad de La Laguna no puede ser denostado por acusaciones sin base alguna, de las que se presume, como ha reconocido la propia Inspección, falta de honestidad”, concluyó el rector.