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El TSJC desestima el recurso de ATAN contra el puerto de Granadilla

MARÍA FRESNO | Santa Cruz de Tenerife

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto en abril de 2005 por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) contra el proyecto del puerto de Granadilla.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, rechaza las alegaciones de la asociación ecologista, que denunciaba que la competencia para la aprobación de proyectos de nuevos puertos correspondía al Ministerio de Fomento y no a la Autoridad Portuaria; que el estudio de impacto medioambiental no cumplía con la directiva europea, y que no se han analizado posibles alternativas como la ampliación del muelle de Santa Cruz.

Según expone el magistrado en el fallo, ATAN cuestiona la competencia de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para aprobar el proyecto de un nuevo puerto estatal. Sin embargo, esta infraestructura portuaria “se incluye en el puerto de Santa Cruz y, por mandato legal, debe ser considerado no un nuevo puerto, sino una ampliación de uno ya existente. Esto hace que sea aplicable el artículo 21 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina que confiere la competencia a la Autoridad Portuaria”.

En la demanda de la asociación ecologista también se argumenta que el estudio de impacto ambiental no respeta los contenidos de la Directiva 71/11/CE del Consejo, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

Según la sentencia, “no es indicativo de la falta de los efectos ambientales el hecho de que en el año 2004, después de aprobada la declaración de impacto ambiental, la Autoridad Portuaria adjudicara un contrato de asistencia técnica para la redacción de un estudio bionómico sobre el LIC Sebadales del Sur de Tenerife, que persigue una vigilancia sobre los efectos que las obras del puerto producen en dicha área de sensibilidad ecológica”.

También se objetaba en la demanda de ATAN que el estudio de impacto no contemplaba otras alternativas, como la ampliación del muelle de Santa Cruz, para evitar los daños medioambientales.

En este punto, el fallo reconoce que el estudio de las alternativas sí se realizó, “y así lo reconoce la Comisión Europea en el dictamen de 6 de noviembre del 2006”. Lo cierto”, continúa, “es que los daños han tratado de minimizarse, en primer lugar reduciendo considerablemente la dimensión del puerto, adoptando medidas paliativas y, por otro, con medidas compensatorias del daño probable que se producirá a los hábitat de los LIC. Los valores medioambientales deben ser protegidos, pero no son valores absolutos. Existen otros , entre ellos el progreso económico, que deben ser salvaguardados. Las técnicas de protección de los valores naturales han permitido, en este caso, una ponderación entre los valores en juego, analizando las alternativas de desarrollo del puerto en otros puntos de la Isla y reduciendo el impacto que la obra ocasionará sobre los valores ambientales”.

La asociación sostenía que el puerto era inviable en la zona por el fuerte viento, lo que lo haría estar inoperativo, pero la sentencia valora la opinión de los ingenieros que avalan la operatividad de éste.