El Gobierno de Canarias acaba de aprobar un Plan de choque para la emergencia social del desempleo por importe de 75 millones de euros, para sacar a 12.000 personas de las listas del paro. Unos 342.000 canarios, el 30,9% de la población activa, no encuentran trabajo, lo cual significa no solo un drama social de enorme alcance; también una situación inadmisible que reclama medidas urgentes y radicales para tratar de paliar los efectos de tanta desgracia. Sensible a esta coyuntura, hace bien el Ejecutivo en adoptar cuantas disposiciones contribuyan a paliar el desempleo, sin esperar a lo que decidan el Gobierno central o la Unión Europea en sus ámbitos respectivos porque las circunstancias se hallan ya más allá del límite de lo política, social y económicamente aceptable. Pero tengo la sensación de que la bienintencionada postura de las autoridades regionales yerra al atacar el problema por una vía a corto plazo inadecuada, aunque sea aceptable en parte para un periodo más largo. Si se quiere salvar la situación económicamente desesperada de unos miles de desempleados y sus familias, hágase -porque es de justicia- mediante la vía social que corresponda, pero no se busque remedio urgente al desempleo a través de la formación, la reinserción laboral, los talleres-escuela, los talleres de empleo, las prácticas profesionales y los convenios con ayuntamientos, cabildos, ONG y universidades u otras herramientas al estilo de los planes E zapateriles que fueron pan para hoy y hambre para mañana. Y si algo hicieron en su momento, fue para un corto periodo de tiempo; para crear empleo de verdad, no coyuntural, se requiere avivar las contrataciones laborales mediante apoyos fiscales, desgravaciones y otras medidas de estímulo por tramos de edad -con mejor trato para jóvenes y parados de larga duración o con mayores cargas familiares-.La propia Estrategia Canaria de Formación y Empleo 2012-2014 habla de poner en marcha “un contexto favorable de creación de empleo mediante incentivos y estímulos a la dinamización de la economía”, además de mejorar la cualificación para elevar el grado de empleabilidad de la población, ocupada o no. Las políticas de formación deben adaptarse a las verdaderas necesidades del tejido productivo, pero sólo pueden ser contempladas para el medio y largo plazo, y con protagonismo especial para empresas, trabajadores y agentes sociales. Todo lo que no se haga en esta línea constituirá una mala inversión. Y sería una lástima que esos 75 millones y lo que más adelante aporte el Gobierno central, se pierda, como en experiencias de infausto recuerdo, por las alcantarillas de la política equivocada.