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Estabilidad > Leopoldo Fernández

La estabilidad es una premisa básica para el buen funcionamiento de cualquier institución, gobierno o corporación. Sin un sentido de permanencia o de durabilidad, las iniciativas, la planificación y la propia gestión de la cosa pública suelen convertirse en una entelequia ya que quedan sometidas al albur de las influencias coyunturales y a los avatares de las conveniencias oportunistas. Sin más datos -cuando escribo- que los aportados por el presidente del Cabildo y la reacción inicial del Partido Popular, la ruptura del pacto de gobierno entre CC y PP en la corporación conejera puede no sólo dar al traste con la deseable estabilidad en esa institución, sino repercutir en la gobernabilidad de distintas corporaciones en el mismo Lanzarote, en Fuerteventura y en el resto del Archipiélago. Es posible que estemos ante una “traición y deslealtad” de los populares, por emplear las mismas palabras del titular del Cabildo, el nacionalista Pedro San Ginés. Y sería ciertamente muy grave que el PP estuviera preparando una moción de censura, para la que pretendía el apoyo de PSOE y PIL. Sea o no cierta esa acusación, que los populares desmienten, parece que en el fondo no subyacen tanto problemas de entendimiento entre los hasta ahora socios en el gobierno insular, sobre todo en materia presupuestaria, como diferencias de fondo y forma a propósito de las anunciadas prospecciones petrolíferas de Repsol en aguas canarias cercanas a Lanzarote y Fuerteventura. Romper, aunque sea legal y legítimo, la gobernabilidad en un cabildo a los nueve meses de su constitución por una cuestión ajena al propio funcionamiento corporativo es mala cosa, sea por deslealtad o por divergencias petroleras. En el primer supuesto, el PP habría actuado con inaceptable ligereza cuando es la única formación con una trayectoria impecable en la gestión de los asuntos públicos de aquella isla. Baste recordar el escandaloso caso Unión, con casi medio centenar de implicados en diversas irregularidades, urbanísticas principalmente. O el caso Inalsa, el quebrado consorcio de aguas que dejó deudas millonarias. O el no menos despreciable asunto de los veintitantos hoteles de lujo con sentencias pendientes de derribo o regulación legal. En estos tres affaires están implicados dirigentes de CC, PSOE y PIL, pero no del PP. Si al final todo se reduce a un desacuerdo con las exploraciones petroleras, la cuestión sería para preocupar. Por su carácter sectario y frentista (todos contra los populares por defender un asunto de interés para el Estado) y por politizar un tema delicado que debe discurrir por cauces de sentido común y leal colaboración entre las instituciones.