Financiación, teníamos razón > Román Rodríguez

Con la lentitud de un caracol, dos años y medio después, el Gobierno de Canarias acaba de descubrir que la financiación autonómica aprobada en julio de 2009 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera -cuando en Canarias mandaban CC y PP, y el PSOE lo hacía en el Estado-, perjudica gravemente a nuestra Comunidad. En su momento, callaron y otorgaron, e incluso algunos pontificaron sobre las excelencias del nuevo modelo y sus indudables beneficios para Canarias, inventándose presuntas ventajas que no existían en modo alguno. Circunstancia que ahora no les ha quedado otro remedio que reconocer.

Entonces, en medio del debate y tras su aprobación, Nueva Canarias fue la única formación política (como también nos sucedió, posteriormente, con el fiasco del Plan Canarias), que denunció el grave retroceso que suponía para el Archipiélago el nuevo modelo que nos situaba muy por debajo de la media, con el consiguiente perjuicio para el normal funcionamiento de los servicios públicos fundamentales y, por tanto, para la ciudadanía.

Ha pasado todo ese tiempo y el Ejecutivo canario, por fin, se da cuenta de la enorme injusticia que se ha cometido con esta tierra, fruto de la absoluta insensibilidad del Gobierno español y de la debilidad negociadora del Ejecutivo canario. Y ese reconocimiento no lo hace por reflexión o análisis autóctonos, propios. Curiosamente, llega a la acertada conclusión tras conocer un estudio (La equidad horizontal en el modelo de financiación autonómica del 2009) realizado por la catedrática Nuria Bosch, del Instituto de Economía de la Universidad de Barcelona. Cuando parece más lógico que a ese conocimiento hubiese llegado, sin grandes esfuerzos, la Consejería de Economía y Hacienda del Ejecutivo canario, realizando una comparación entre el anterior y el actual modelo.

Canarias, a la cola

La catedrática destaca que los recursos por habitante resultado del modelo de financiación de 2009 dejan un ranking por comunidades que encabeza Cantabria (2.376 euros/habitante), situándose un 18% por encima de la media (2.012 euros/hab.). Le siguen La Rioja (con un índice sobre la media igual a 100 de 109,4), Comunidad de Madrid (108,6), Extremadura (105,3), Asturias (104,9), Aragón (104,8), Castilla y León (104,6), Cataluña (103,6) y Galicia (101,1).

El resto de comunidades, concluye el informe de la profesora Bosch, se sitúan en recursos por habitante según población ajustada por debajo de la media: Baleares (con un índice por debajo de la media igual a 100 de 99,4), Murcia (96,3), Castilla-La Mancha (96,2), Comunidad Valenciana (94,6), Andalucía (93,8) y, en la cola, Canarias (84,3).

A la hora de la distribución de los recursos, además de la población, se dio peso a otros parámetros que no beneficiaban a Canarias, como dispersión territorial, superficie, estructura de edad de la población y políticas de normalización lingüística. Paralelamente, perdía peso el reconocimiento a la insularidad, criterio que sí reconoce la Constitución Española. Porque se modificó la ponderación del hecho insular para beneficiar a Baleares. En concreto, siendo la ponderación de insularidad de 0,6 aplicable a la distancia en kilómetros entre las costas peninsulares y las capitales insulares, se eliminó el coeficiente corrector de 1,25 que se aplicaba al exceso sobre 1.000 kilómetros y que, lógicamente, sólo valía y beneficiaba a Canarias. En primer lugar, hay que recordar que la financiación autonómica supone prácticamente el 80% de los ingresos que recibe Canarias, y que de ella dependen las partidas que se destinan a Educación, Sanidad, Cultura o Servicios Sociales, así como el resto de competencias que ejerce la comunidad autónoma; correspondiendo el 20% restante a recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF), de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y de los fondos europeos. El acuerdo suscrito a finales de 2009 por el Gobierno de España, presidido por Zapatero, con las comunidades autónomas de régimen común, entre ellas la canaria representada entonces por su vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, está siendo muy lesivo para Canarias y lo seguirá siendo mientras esté en vigor. Y PSOE, PP y CC tienen toda la responsabilidad sobre la aplicación de este injusto sistema.

6.000 millones menos

La única diferencia de entonces a hoy, en que se ha podido ver la evolución práctica del acuerdo de financiación en sus primeros años de aplicación, es que en un principio la estimación era que Canarias se situaba 545 millones de euros anuales por debajo de la media de las comunidades autónomas de régimen común (todas, excepto País Vasco y Navarra, que disponen de un sistema foral propio).

Los nuevos cálculos elevan la cifra a 315 euros por habitante por debajo de la media, es decir 600 millones cada año, completando los 6.000 millones en una década.

Esa situación claramente discriminatoria se refleja en las cuentas públicas autonómicas. Así, Extremadura, con la mitad de la población de Canarias, tiene un Presupuesto para este año de 4.915 millones de euros. Si recibiéramos la misma financiación por habitante que Extremadura, nuestro presupuesto se elevaría hasta los 10.000 millones de euros, y no los 6.736 que tenemos.
Con esas cifras se entienden las enormes dificultades para financiar la Educación o la Sanidad en Canarias, lo que lleva a una merma en la calidad de los servicios que prestan y a una importante pérdida de empleo público; situación de la que son responsables los gobiernos de Canarias y de España de la pasada legislatura y los partidos que los sustentaban.

En mi opinión, Canarias, debería recibir financiación por encima de la media para sufragar el mayor coste de la prestación de los servicios públicos y de las competencias en 8 islas habitadas situadas a más de 1.000 kilómetros de la costa peninsular española, con un PIB per capita que era en el año 2010 el 86,4% de la media española y una tasa de paro del 30,9%.
Lamentablemente, ahora es muy difícil rectificar el agravio cometido con Canarias en la financiación autonómica, planteada para una década.

Por el momento económico y porque las comunidades autónomas más poderosas quedaron bien paradas y tratarán de impedir cualquier modificación.

Y, además, esas circunstancias de trato injusto y desequilibrado hacia el Archipiélago se pueden repetir, aunque su impacto es menor, en los Presupuestos Generales del Estado, burlando nuestro REF que exige, al menos, estar en la media de inversión pública estatal, mientras sí se cumple con las autonomías que tienen este aspecto blindado en sus respectivos estatutos. Tarde, muy tarde, para cambiar esta financiación que tanto perjudica a los canarios.

*Diputado en el Parlamento Autónomo y presidente de Nueva Canarias