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Garzón, inhabilitado durante 11 años por las escuchas de la trama Gürtel; podrá seguir ejerciendo la abogacía

El juez Batasar Garzón durante el juicio que se ha celebrado estos días en el Tribunal Supremo. | EP


AGENCIAS
| Madrid

El Tribunal Supremo ha condenado al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación en el ejercicio de su cargo por autorizar la intervención de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los cabecillas de la trama ‘Gürtel’ con sus abogados.

El fallo ha sido comunicado personalmente al aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que se desplazó esta mañana a la sede del Tribunal Supremo. Tras conocer la sentencia, un poco antes de las dos de esta tarde, Garzón ha abandonado con semblante serio el alto tribunal sin realizar declaraciones.

El tribunal, presidido por el magistrado Joaquín Giménez, ha dado a conocer este jueves la sentencia, que tiene como ponente al juez Miguel Colmenero. Completaban la Sala los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Manuel Berdugo, Manuel Marchena -instructor del caso de los cobros de Nueva York- y Luciano Varela -instructor de la causa contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo-.

Se trata de la primera causa por la que el juez de la Audiencia Nacional se sentó en el banquillo de los acusados por cometer un supuesto delito de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. Ayer mismo quedó visto para sentencia el segundo juicio celebrado contra él en el Tribunal Supremo, por un presunto delito de prevaricación cometido al investigar los crímenes franquistas careciendo de competencia para ello.

Durante el juicio, celebrado desde el 17 al 19 de enero, el juez declaró su inocencia, aseguró que en todo momento garantizó el derecho de defensa de los investigados y dijo asumir “todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta legalidad”.

El abogado de la acusación Ignacio Peláez, defensor del empresario imputado en el caso Gürtel José Luis Ulibarri y autor de la querella inicial que dio lugar a este procedimiento, pedía una pena de 10 años de inhabilitación. Mientras tanto, los letrados Antonio Choclán y Pablo Rodríguez Mourullo, abogados de Francisco Correa y Pablo Crespo, solicitaban que dicha inhabilitación se prolongara entre 17 y 15 años.

El juez Batasar Garzón durante el juicio que se ha celebrado estos días en el Tribunal Supremo. | EP

Los fiscales Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero no presentaron acusación y solicitaron la absolución del magistrado al defender que la intervención pretendía evitar que los miembros de la red corrupta blanquearan capitales y alegar que en casos ajenos al terrorismo como el de la joven Marta del Castillo o el del ex abogado y narcotraficante ya fallecido Pablo Vioque también se ordenó el ‘pinchazo’ de las entrevistas entre presos y abogados.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, tiene abiertos otros procedimientos en su contra. De un lado, la causa abierta por una presunta prevaricación cometida al investigar los crímenes del franquismo sin competencias y, de otro, el proceso por unos cobros que habría podido recibir del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.

El CGPJ espera tener la sentencia para expulsar a Garzón

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) esperará a que se le notifique formalmente la sentencia condenatoria contra Baltasar Garzón en la causa de ‘las escuchas de la Gürtel’ para ejecutar el fallo, expulsar al juez de la Carrera y convocar su plaza del Juzgado Central de Instrucción número 5, que cubre actualmente Pablo Ruz de forma interina.

Según informaron fuentes del Consejo, esta institución podría recibir entre esta tarde y mañana la resolución dictada por el Tribunal Supremo que condena a 11 años de inhabilitación a Garzón al autorizar la intervención de las conversaciones que mantuvieron en prisión los cabecillas de la trama ‘Gürtel’ con sus abogados.

La Sala de lo Penal le ha considerado, por unanimidad, culpable de un delito de prevaricación y de otro contra las garantías constitucionales y le ha condenado a pena de multa y a once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.

En el momento de recibir la sentencia, la Comisión Permanente podrá hacer efectiva la expulsión de la carrera judicial y convocar la plaza, a la que podrá concurrir cualquier juez del territorio nacional y que será adjudicada por razón de antigüedad.

Readmisión a los 67 años

Cuando transcurran los 11 años de inhabilitación, Baltasar Garzón, que tendrá entonces 67 años, podrá volver a solicitar al Consejo su readmisión en la carrera judicial, a la que volverá con la antigüedad que ha reunido hasta este momento sin que le sea computado en el escalafón el tiempo durante el cual ha permanecido inhabilitado.

Aunque esta condena supone la pérdida definitiva del cargo que ostenta, Garzón podrá ejercer la abogacía o continuar participando en foros internacionales. Durante este tiempo, ha colaborado con el Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya, con la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Comité contra la Tortura del Consejo de Europa.

Garzón tiene otros dos procesos abiertos en su contra en el Tribunal Supremo. La condena por las escuchas de la Gürtel será ejecutada con independencia de las decisiones que adopten los magistrados en el juicio por la investigación por los crímenes del franquismo, que ayer quedó visto para sentencia.

Sin embargo, el magistrado instructor Manuel Marchena podrá decidir si la causa en la que se investigan los cobros de la Universidad de Nueva York permanece en el Supremo por haberse abierto cuando todavía era aforado, o la remite a un juzgado ordinario al haber perdido ya esta condición. Esta causa está pendiente de que se dicte o no auto de apertura de juicio oral tras recibirse los informes de calificación provisional de las partes.

Consecuencias para Pablo Ruz

Por otra parte, el juez Pablo Ruz, que ocupa provisionalmente el Juzgado Central de Instrucción número 5, permanecerá por el momento en su puesto hasta que la plaza salga a concurso en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La plaza quedará vacante en el momento que se ejecute la expulsión de la carrera del titular de la misma, que sigue siendo Garzón.

La Comisión Permanente del Consejo acordó por unanimidad designar a Ruz como sustituto de Garzón en junio de 2010, un mes después de suspender provisionalmente a éste último de sus funciones.