Toda esta inmunda charlotada es infinita, inacabable, insoportable. Ayer la Comisión Europea, a través de uno de sus vicepresidentes y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, demandó al Gobierno español que corrija desequilibrios macroeconómicos excesivos, por ejemplo el desempleo, y deslizó, más o menos que, si no lo hace, podría caerle una sanción económica, que algunos hermeneutas bruselenses elevan a mil millones de euros. Lo más significativo de las reclamaciones del ilustre eurócrata, sin embargo, fue su énfasis en que el Gobierno de Mariano Rajo debe presentar y aprobar el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2012 cuanto antes y que el objetivo del déficit es tan inamovible e inevitable como la muerte, es decir, el 4,4% del Producto Interior Bruto. Nada de prórrogas.
El Gobierno conservador (y nacionalcatólico) está abocado, por lo tanto, a un recorte presupuestario gigantesco que, según el enterrador que elijas, se situará entre los 35.000 y los 40.000 millones de euros. Si se suma la subida de impuestos y el efecto de la flamante reforma laboral -que a corto plazo significará un aumento del desempleo: desde 2007 van juntos el crecimiento del paro y la prolongación de la jornada laboral- el país quedará como un solar, con cinco millones y medio de ciudadanos sin empleo, el consumo cayendo en un pozo insondable, la producción arrasada, los sistemas públicos educativos y sanitarios colapsados y el sistema bancario en precario equilibrio entre la deuda y la catástrofe.
Desde hace meses las comunidades autonómicas se están preparando para lo peor. Preparando desde un punto de vista contable: no existe otra previsión posible. Lo que ocurre es que no existe margen de maniobra económico-financiero para evitar la catástrofe. Para Canarias amputar otros 300 o 400 millones de euros de las cuentas públicas, por ejemplo, significaría una catástrofe de gravísimas consecuencias. Pero desde el Gobierno central no se está dispuesto, pese a todas las ardientes jaculatorias del presidente Paulino Rivero, a esbozar siquiera un trato diferenciado hacia el Archipiélago, como demuestra la actitud de Mariano Rajoy y su equipo en asuntos como las bonificaciones aéreas, las energías renovables, las políticas de empleo o el plan de renovación de la planta alojativa turística: una indiferencia cegata y brutal hacia las particulares fragilidades de Canarias, derivadas de su condición insular, o las espeluznantes tasas de desempleo. Tiene razón José Miguel Ruano: el ministro Soria está utilizando el recurso de las prospecciones petrolíferas de Repsol como una cortina de humo para distraer la atención sobre los problemas que convierten a Canarias en una región en situación de emergencia social y económica. Es patético: la promesa de prosperidad de Soria depende del petróleo. Y lo dice el mismo individuo que, durante su mandato como consejero de Economía y Hacienda no avanzó un milímetro en la reforma del REF.