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La Audiencia avala las condenas a la banca por sus productos tóxicos

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Una nueva oleada de sentencias dictadas por la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife confirman el respaldo que la Justicia está otorgando a pymes y ciudadanos canarios que se sintieron engañados por los bancos a cuenta de una serie de productos tóxicos que se vendieron en los primeros años de la crisis de forma masiva tanto en canarias como en el resto de España. Si bien ya existían ratificaciones en esta segunda instancia a las decisiones adoptados en distintos juzgados tinerfeños que entendieron que las entidades financieras ocultaron información a sus clientes, cuatro nuevas sentencias dictadas en los últimos meses despejan cualquier duda acerca de estos contratos son nulos de pleno derecho salvo en contadísimas excepciones.

Tomando como base del análisis los llamados swap, vendidos como una suerte de seguro cuando en realidad son productos especulativos de altísimo riesgo y enorme complejidad, explica la Audiencia provincial (y así lo repite en sus sentencias) que, por un lado, “la contratación en el mercado financiero es una contratación compleja, con un elevado nivel técnico, que para su comprensión por el inversor exige la posesión de conocimientos o experiencia previos.

Por otro, las sentencias detallan que “las entidades financieras se encuentran, por lo general, en una situación de superioridad frente a sus clientes, dado que disponen de mayor información para gestionar sus intereses en este mercado y también para asesorar o recomendar a los clientes la contratación de unos u otros productos financieros”.

“Los clientes -continúan las sentencias- confían en la entidad financiera con la que mantienen una relación, por lo general, duradera, lo que conlleva que el cliente medio se fíe de las recomendaciones efectuadas por el personal de la oficina, sin confirmar la cualificación profesional del empleado, y sin consultar otras fuentes externas antes de proceder a la contratación sugerida o recomendada”.

Así las cosas, tanto los distintos juzgados de primera instancia como ahora las secciones Primera y Tercera de la Audiencia provincial consideran que los bancos han incumplido un necesario deber de información con respecto a sus clientes reconocido en la Ley de Mercados de Valores.

Requisitos del error

También desde la perspectiva jurídica, resulta obvio al comparar las distintas sentencias de la Audiencia provincial que el error en el consentimiento dado por las pymes y los ciudadanos de las Islas es claro. Así, se exigen tres requisitos para que tal error tenga trascendencia anulatoria: esencialidad, excusabilidad y recognoscibilidad.

La esencialidad resulta evidente, ya que estos producto se ofrecen como una garantía ante los vaivenes del mercado cuando sus efectos son, precisamente, los contrarios.

La excusabilidad se deduce de la complejidad de estos productos, al punto que ya se han dado dos casos en Tenerife en los que afectados eran abogados y, aun así, la Justicia entiende que también los profesionales del Derecho son susceptibles de este engaño.

Y, por último, sobre la recognoscibilidad, simplemente apuntar que, dado que las financieras no informaron a sus clientes debidamente, estos productos se encuentran más cerca del dolo que de un error autoinducido.

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Nº 1 en litigios

Hace unos años, pocos iniciados sabían siquiera de la existencia de los swap y, sin embargo, hoy son el litigio estrella en muchos juzgados españoles. “Son miles los canarios afectados por este tipo de productos, por lo que cabe esperar que aún queda mucho por ver en los tribunales de Canarias a medida que la gente sea consciente de que no sólo no tienen que seguir pagando, sino que también pueden recobrar lo pagado” explica Carlos Gómez, abogado del despacho de Sirvent y Granados significado en la defensa de estos asuntos frente a la banca. “Los resultados son claros: se está haciendo justicia a pymes y familias que, sencillamente, no sabían qué estaban firmando”. Entre los casos llevados por Gómez destaca el de una familia que pudo evitar declararse en quiebra gracias a las medidas cautelares adoptadas por un juzgado: “Se argumentó como se debía y el magistrado entendió lo injusto de la situación, pero no es un caso aislado”. Está claro que hay y habrá más.

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