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La causa por fraude en la concesión de subvenciones se salda con nuevas detenciones y registros

EFE | Valencia

La causa por fraude en la concesión de subvenciones, malversación de caudales públicos y falsedad documental que ha supuesto la detención del director general de Cooperación de la Generalitat, Josep Maria Felip, ha derivado esta mañana en varias detenciones más y nuevos registros.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha informado hoy en un comunicado de estas detenciones y registros, y ha explicado que el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia tiene abierto un procedimiento desde el pasado mayo por supuesto fraude en la concesión de subvenciones contra varias personas, entre ellas varios funcionarios.

La causa, que se abrió tras una denuncia de la Fiscalía, está bajo secreto y, según el Tribunal Superior de Justicia, no se dispone de más información.

El pasado octubre, el Tribunal de Cuentas abrió una investigación sobre dos expedientes de ayudas a la cooperación internacional otorgadas por la Generalitat a la Fundación Cyes en 2008 y que, presuntamente, fueron destinados a la adquisición de inmuebles en Valencia.

Los grupos de la oposición en Les Corts llevan exigiendo desde octubre de 2010 que el Gobierno de la Generalitat dé explicaciones sobre las informaciones que le acusan de otorgar en 2008 subvenciones por más de 1,8 millones a la fundación, de los que 1,6 eran para proyectos en Nicaragua pero que los destinó en su mayor parte a adquirir dos locales para su sede en Valencia.

El entonces conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, actual portavoz del PP en Les Corts Valencianes, ha negado reiteradamente las acusaciones e incluso se ha querellado contra varios diputados de la oposición por injurias y calumnias.

En enero de 2011, el PSPV-PSOE presentó a la Fiscalía los balances de las cuentas de la fundación Cyes de 2008 y 2009 que, según esta formación, prueban el desvío de fondos.

Según los documentos entregados en una rueda de prensa por la diputada Clara Tirado, esta fundación, que partía con un capital total de algo más de 65.000 euros, ingresó 942.314 euros procedentes de subvenciones públicas e invirtió 861.350 euros en edificios y otras construcciones.

Para Tirado, esa inversión sólo pudo hacerse con dinero de las subvenciones recibidas de la Generalitat, que debían destinarse mayoritariamente a un programa de abastecimiento de agua, dotado con 444.663 euros, y a otro de producción de alimentos, con 438.550 euros, en Nicaragua.

A lo largo de ese año, la fundación no recibió ningún otro ingreso significativo, lo que, en opinión de Tirado, demuestra que hubo un desvío de fondos de cooperación para la compra de inmuebles, entre ellos, la sede de la fundación, ubicada en la avenida de Ausias March de Valencia, según consta en la documentación.

Meses antes, en octubre de 2010, el entonces president de la Generalitat, Francisco Camps, negó en el parlamento autonómico que parte del presupuesto destinado a cooperación al desarrollo acabase invertido en pisos.

También en el hemiciclo, Blasco -aún como conseller- calificó de “falsas” estas acusaciones y acusó a la oposición de “ignorante y sinvergüenza”.

Blasco auguró “un nuevo ridículo” del PSPV en sus denuncias, y comparó esta denuncia con la presentada por la asistencia de unos inmigrantes a un mitin del PP, que fue desestimada.

Investigación del Tribunal de Cuentas sobre dos expedientes de ayudas a la cooperación internacional

La Policía Nacional detuvo al director general de Integración y Cooperación de la Generalitat Valenciana, Josep María Felip, por los delitos de malversación de fondos públicos, fraude en la concesión de subvenciones y falsedad documental.

Así lo han confirmado a EFE fuentes policiales y jurídicas, que han indicado que la detención de Felip se produce tras una investigación de la Fiscalía de Valencia, cuya causa instruye el juzgado de instrucción número once de Valencia.

El pasado mes de octubre, el Tribunal de Cuentas abrió una investigación sobre dos expedientes de ayudas a la cooperación internacional otorgadas por la Generalitat Valenciana a la Fundación Cyes en 2008 y que, presuntamente, fueron destinados a la adquisición de inmuebles en Valencia.

Los grupos de la oposición en Les Corts Valencianes llevan exigiendo desde octubre de 2010 que el Gobierno autonómico dé explicaciones sobre las informaciones que le acusan de otorgar en 2008 subvenciones por más de 1,8 millones a la fundación, de los que 1,6 eran para proyectos en Nicaragua pero que los destinó en su mayor parte a adquirir dos locales para su sede en Valencia.

El entonces conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, actual portavoz del PP en Les Corts Valencianes, ha negado reiteradamente las acusaciones e incluso se ha querellado contra varios diputados de la oposición por injurias y calumnias.

En enero de 2011, el PSPV-PSOE presentó a la Fiscalía los balances de las cuentas de la fundación Cyes de 2008 y 2009 que, según esta formación, prueban el desvío de fondos.

Según los documentos entregados en una rueda de prensa por la diputada Clara Tirado, esta fundación, que partía con un capital total de algo más de 65.000 euros, ingresó 942.314 euros procedentes de subvenciones públicas e invirtió 861.350 euros en edificios y otras construcciones.

Para Tirado, esa inversión sólo pudo realizarse con dinero de las subvenciones recibidas de la Generalitat, que debían destinarse mayoritariamente a un programa de abastecimiento de agua, dotado con 444.663 euros, y a otro de producción de alimentos, con 438.550 euros, en Nicaragua.

A lo largo de ese año, la fundación no recibió ningún otro ingreso significativo, lo que, en opinión de Tirado, demuestra que hubo un desvío de fondos de cooperación para la compra de inmuebles, entre ellos, la sede de la fundación, ubicada en la avenida de Ausias March de Valencia, según consta en la documentación.

Meses antes, en octubre de 2010, el entonces president de la Generalitat, Francisco Camps, negó en el parlamento autonómico que parte del presupuesto destinado a cooperación al desarrollo acabase invertido en pisos.

También en el hemiciclo, el entonces conseller de Solidaridad y Ciudadanía Rafael Blasco calificó de “falsas” estas acusaciones y acusó a la oposición de “ignorante y sinvergüenza”.

Blasco auguró “un nuevo ridículo” del PSPV en sus denuncias, y comparó esta denuncia con la presentada por la asistencia de unos inmigrantes a un mitin del PP, que fue desestimada.