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La crisis volcánica que se lidia en los despachos

El Pevolca se creó hace solo un año, catorce después de que se realizara la recomendación oficial desde Madrid. / DA

JUANJO MARTÍN | Santa Cruz de Tenerife

Mientras un volcán submarino sigue vomitando lava y gases frente a la costa de La Restinga, otra crisis volcánica arrecia en los despachos de científicos, técnicos de protección civil y políticos. Como en la erupción herreña, esta crisis científica-política se desató con un terremoto, en este caso a modo de comunicado: la Dirección General de Protección Civil, dependiente del Ministerio del Interior, anunciaba la puesta en marcha de un proyecto para elaborar un plan nacional con el objeto de ordenar la respuesta ante una futura erupción volcánica.

El pasado 10 de febrero, invitados por el Subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera Ruiz, se reunieron en Madrid altos cargos de siete ministerios, científicos y el director general de Seguridad y Emergencias de la Comunicad Autónoma de Canarias, Juan Manuel Santana. Aunque en la mesa no había representación de ninguna institución científica canaria, el primer punto del orden del día era analizar el estado actual de la erupción volcánica en El Hierro.

Sin embargo, no ha sido esta ausencia la que ha levantado ampollas entre los volcanólogos canarios. En la misma reunión se anunció la puesta en marcha de un proyecto de Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico. Según esta entidad, el plan se hace necesario ya que “España tiene un área de actividad volcánica importante en la Comunidad Autónoma de Canarias y con una menor actividad en Olot (Gerona) y en Campos de Calatrava (Ciudad Real)”.

Según Nemesio Pérez, investigador del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) “equiparar el volcanismo de Canarias con el de Gerona o Ciudad Real es contrario al conocimiento científico, Canarias es la única región de España con volcanismo activo”. En este sentido el catedrático de Ingeniería Geológica de la Universidad Complutense de Madrid Luis González de Vallejo manifestó que la vigilancia volcánica en estos territorios peninsulares “carece de sentido científico y esto, con la ciencia en la mano, no es opinable”. Vallejo cree que “considerarlos igual que otros riesgos probables, supondría subir el listón de los criterios de peligrosidad a los 10.000 años, algo que de forma unilateral puede hacerse, pero que carece de sentido común y de criterio. Estudiar los volcanes de Olot o de Campos de Calatrava es una tarea habitual entre geólogos, volcanólogos, geógrafos o historiadores de este país. Vigilar sus volcanes como si fueran los de las Islas Canarias, carece de justificación”.

Si miramos la historia geológica de España vemos que en los últimos 500 años se han producido unas 12 erupciones en el territorio nacional, todas ellas en Canarias. Para encontrar erupciones en suelo peninsular debemos remontarnos a hace 10.000 años, en el caso de Olot y 1,5 millones de años en Ciudad Real.

Según Nemesio Pérez, “esta decisión contradice la directriz básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico aprobada por el Consejo de Ministros en enero de 1996”. Dicho documento aclara que “en España, la única zona volcánicamente activa, a la luz de los actuales conocimientos, es el archipiélago canario, habiendo sufrido en los últimos años dos crisis volcánicas“. Según el documento, que se puede consultar en Internet, el ámbito territorial de la vigilancia volcánica se debe restringir exclusivamente a la comunidad autónoma de Canarias. Pérez achaca la introducción de estos nuevos territorios al “afán de otros grupos de investigación por obtener financiación, una intención que perjudicará la inversión en vigilancia volcánica en las islas, ya que habría que repartir un presupuesto ya de por si ajustado”. Por su parte, fuentes de la Dirección General han manifestado que es solo un proyecto, y que serán los técnicos los que decidirán que regiones se incluyen finalmente en el plan. Sin embargo parece que el enredo burocrático también está implantado en las Islas. Según el investigador de Involcan, “el Gobierno de Canarias y el Pevolca han desfigurado el espíritu y la letra de la directriz básica”. Pérez señala que el propio esquema del Pevolca genera confusión ya que ha asumido más competencias de las que les correspondía por naturaleza, como la de tener un comité científico propio.

La historia de la coordinación de emergencias en caso de erupción volcánica comienza en el año 1996. Ese año, la Dirección General de Protección Civil redacta la directriz básica, un documento que marca las líneas de actuación para este tipo de fenómenos naturales. En esta norma, de 13 paginas, se recoge la hoja de ruta de las futuras acciones que se deben tomar para atender emergencias relacionadas con las erupciones volcánicas. El documento establece que el comité científico debe estar presidido por el Delegado del Gobierno y que se reunirá, de forma ordinaria, una vez al año. Esto no se ha cumplido.

El mismo documento insta a Canarias a redactar su propio plan de emergencias, ya que es el único territorio donde se registra un volcanismo activo. Sin embargo, en 2004, cuando la zona suroeste de Tenerife comenzó a registrar seísmos e, incluso, se barajó la posibilidad de una erupción en la Isla, el gobierno regional reconoció que, ocho años después de la recomendación, aun no había redactado su propio plan de emergencias.

Ante esto, el Gobierno de Canarias, el Gobierno estatal y el Cabildo de Tenerife establecieron un plan de actuación coordinada ante una posible crisis volcánica en la Isla. Afortunadamente la actividad sísmica anómala de 2004 quedó en nada pero sirvió para que ese plan canario de emergencias se pusiera en marcha. Un plan, el Pevolca, que finalmente fue aprobado por el presidente canario en 2010, catorce años después de la recomendación de Madrid, seis años después de la crisis de Tenerife y un año antes de la erupción volcánica en El Hierro.