ANÁLISIS > Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

La mecha que prende el conflicto > Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

No acaba, como sería deseable, el enfrentamiento entre Paulino Rivero y José Manuel Soria, derivado de rivalidades surgidas al compartir Gobierno, y más especialmente tras el resultado de las elecciones autonómicas; ni entre José Miguel Pérez y Soria, que no se pueden ver desde hace años y se evitan a las primeras de cambio, ni tampoco entre el Gobierno de Canarias y el propio Soria, a cuenta de las declaraciones de éste sobre asuntos de su competencia en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. No obstante, las consecuencias de la confrontación ya se minoran -al menos en lo que afecta a los temas objeto de diferencias-, aunque se ha abierto un nuevo frente en el Cabildo de Lanzarote, donde Coalición Canaria (CC) ha echado al Partido Popular (PP) del grupo de gobierno, que ahora ocupará junto con el PSOE, su anterior enemigo acérrimo. Como ya no manda Carlos Espino, el dimitido secretario general socialista conejero, son las lanzas las que ahora se vuelven cañas.

El efecto inmediato se manifiesta en forma de satisfacción, alegría y tranquilidad por parte de Rivero y Pérez de cara a los congresos regionales que les aguardan y ante los que podrán presentarse con liderazgos reforzados para evitar la contestación interna. A Pérez le interesa renovar mandato y a Rivero, si siguen las cosas como están hoy internamente, volver a controlar CC, aunque para ello sea preciso cambiar los estatutos. De los afanes de consolidación de ambos políticos deriva la importancia del cambio en la isla conejera, sometida desde hace años a los vaivenes del oportunismo coyuntural. Lo de menos es la estabilidad institucional, el interés general de los ciudadanos, el buen gobierno y la gestión correcta y austera. Poco importa que Lanzarote tenga gravísimos problemas pendientes: paro galopante, corporaciones cargadas de deudas, escándalos urbanísticos y administrativos que ponen los pelos de punta y que implican a personas y personajes de todos los partidos salvo, curiosamente, el PP.

Si el PP canario fue un auténtico incordio que casi puso patas arriba los pactos entre nacionalistas y socialistas en algunas corporaciones e impidió, principalmente en La Palma y El Hierro, los acuerdos en cascada desde el Gobierno a cabildos y ayuntamientos, ahora le ha llegado la hora de la venganza. Los populares no pueden quejarse porque reciben la misma medicina que recetaban a los demás. Así que para abrir boca, ahí están, ya cerrados, los acuerdos en la corporación insular lanzaroteña y en el ayuntamiento de Teguise. En la recámara aguardan cambios -veremos si cuajan porque depende de la voluntad de terceros- en otros municipios como Arrecife y, tal vez, Haría, por no hablar de su extensión a otras islas.

Aparte la conveniencia estratégica que une a Rivero y Pérez en esta iniciativa – en la que la Isla Bonita y la del Meridiano tendrán mucho que decir si se consolidan las enormes presiones que ya se han iniciado sobre los concejales socialistas de Santa Cruz y Los Llanos y sobre los consejeros del Cabildo herreño-, el runrún político apunta a diferencias personales irreconciliables entre San Ginés, presidente del Cabildo conejero, y Astrid Pérez, la número 1 del PP en la corporación y en la Isla. Pero también se citan las prospecciones petrolíferas como culpables de esta operación de acoso y derribo de los hombres del PP. Pero si se pone en marcha, a todo meter y por puro afán de venganza, la eliminación de los populares de cualquier foco de poder, se va a crear un ambiente poco propicio al entendimiento institucional en Canarias, y tal vez entre Canarias y el Gobierno del Estado. Basta con echar un vistazo a la marcha del Parlamento regional y al relevo en la Diputación del Común, así como a la alcaldada que se prepara en el Consejo Consultivo, para darse cuenta del mal ambiente que reina entre los grupos que apoyan al Gobierno y la oposición.

Así las cosas, da la impresión de que el Ejecutivo canario no cae en la cuenta de qué es lo mejor para el Archipiélago a la vista del enorme poder que concentra el PP en las instancias de poder del Estado. No se trata de rendir pleitesía a nadie ni, menos aún, de someterse a la discrecional y libérrima voluntad de un Gobierno o de un ministro por muy canario que sea. Puede que a Paulino Rivero y José Miguel Pérez les venga al pelo unir su suerte política e incluso ir a una confrontación con el Ejecutivo español, en plan victimista o aduciendo, con métodos atípicos, la defensa de los intereses de Canarias, a la que obviamente ambos están obligados. Pero, un elemental pragmatismo y un necesario sentido de la responsabilidad debería mover a ambos -y también al ministro Soria- a buscar el entendimiento.

El asunto del petróleo es un disparate se mire como se mire. PP y CC estuvieron la pasada legislatura contra las prospecciones de Repsol, mientras el PSOE se mostraba a favor. Hoy los populares se manifiestan entusiasmados con la iniciativa de esa empresa y la disposición positiva de Soria, CC sigue en contra aunque acepta un sí muy condicionado y los socialistas se pasan al no en un ejercicio de incoherencia y travestismo político que deja a todos en incómoda posición. La sola posibilidad de pensar, en tiempos de tantas carencias, que un país pueda dejar de obtener las riquezas que tiene a su alcance pone los pelos de punta. Una cosa es exigir que se cumpla la ley y se pongan en marcha todos los medios para evitar riesgos ambientales y de otra naturaleza y otra muy distinta acudir al nonismo absoluto, o plantear exigencias que ni por asomo contemplan las normas vigentes, o a establecer conclusiones carentes del más elemental rigor científico.

El empecinamiento del Gobierno de Canarias en reclamar para sí las competencias sobre exploración o explotación del petróleo es un disparate de tal naturaleza que desacredita a los servicios jurídicos autonómicos y al propio presidente Rivero. Según la Constitución, la riqueza del país en sus distintas formas “está subordinada al interés general”. La propia Carta Magna atribuye al Estado la titularidad de los bienes de dominio público estatal, entre los que, según el artículo 132.2, figuran “la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental”. Sostener que Canarias, y solo Canarias, es quien puede autorizar las prospecciones y que a su vez es la única titular de los recursos marinos y submarinos es un dislate sin precedentes en el mundo del Derecho. En espera de que se produzca la necesaria rectificación sobre este capítulo -que es perfectamente compatible con la solicitud de garantías a Repsol-, otros temas que envenenaban la relación entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Industria parece que van siendo reconducidos. Es el caso de la promoción del turismo canario en Europa, ya diseñada en la reunión celebrada en Las Palmas entre el viceconsejero de Turismo y el director de Tourespaña, tras el desencuentro de hace un par de semanas en Madrid. Otro tanto va a suceder con las tasas aeroportuarias, sobre las que el Ministerio de Fomento tiene ultimada una solución que probablemente será dada a conocer la próxima semana. No volverán las bonificaciones, cuya vigencia terminó al concluir 2011, pero sí se acentuará la actual rebaja de tasas en un sistema al que podrán acceder todas las compañías, sin que los incrementos de pasajeros y la creación de nuevos destinos sean determinantes para discriminar como hasta ahora a las líneas aéreas nacionales.

También está en vías de cierre el tratamiento singular que va a recibir Canarias en materia de energías alternativas, principalmente de origen eólico y fotovoltaica. Así lo prometió Soria al suprimir las primas que se habían establecido con carácter general, para no engordar el déficit de tarifa eléctrica nacional, que sobrepasa los 24.000 millones de euros. Otros asuntos, como las inversiones para el Astrofísico y las ayudas especiales para formación y empleo, están bien encaminadas hacia acuerdos concretos. Lo mismo cabe esperar con el campus de excelencia de las universidades canarias, a poco que el Gobierno autonómico eche una mano en plan aval o busque, con su homónimo nacional, un arreglo razonable. El futuro de la investigación canaria se juega mucho en este envite universitario, del que el pasado viernes nació oficialmente una primera perla con la puesta en marcha del parque científico marino de Taliarte.

Hablando se entiende la gente. Aquí y ahora, en Canarias, hace falta diálogo, mucho diálogo, desde la humildad, la confraternidad y la buena voluntad, entre toda la clase política, sea cual fuere su nivel de responsabilidad. Demoler los cimientos del entendimiento y prender la mecha de un conflicto que no se sabe dónde puede terminar, dadas las debilidades del presente -sobre todo la precariedad social y económica que nos envuelve-, sería un monumento al despropósito que los ciudadanos nunca perdonarían a sus dirigentes. Más vale que se empeñen, y hasta se fatiguen, en la búsqueda de soluciones a los problemas que nos afectan con la certeza de que al encontrarlas verán compensados todos sus esfuerzos al servicio de la comunidad.