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La ordenación del territorio toca suelo

D. N. M. | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias ha rescatado del olvido su proyecto de armonización territorial para impulsar la inversión como remedio a una crisis que se eterniza, de tal manera que, en los últimos meses, ha ido cediendo terreno ante la presión del suelo.

Desde diversos sectores empresariales se viene reclamando una “simplificación y clarificación competencial” en la ordenación del territorio, como de hecho así se recoge en el acuerdo de gobernación suscrito entre CC y el PSOE. El jefe del Ejecutivo, Paulino Rivero, se encargó de recordar este compromiso en su discurso de investidura.

Meses después del inicio de la octava legislatura, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, respondió a una pregunta parlamentaria que la ley se basaría en el anteproyecto redactado en el periodo anterior. “Se ajustará y completará con otras aportaciones”, avanzó.

Berriel quiso lanzar un mensaje tranquilizador al asegurar que la norma establecería sistemas compensatorios desde el punto de vista medioambiental.

Recientemente, en una entrevista publicada por este periódico, el presidente del Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (Catpe) revelaba: “Ya hay planes, que se conocerán pronto, para racionalizar el ordenamiento del territorio”. Ángel Ferrera contó entonces que, tras la sorpresa inicial, el informe sobre Planeamiento y gestión racional del territorio en Canarias había tenido una buena acogida entre las “autoridades”.

Ferrera se quejaba de que, en los últimos diez años, se ha dejado de invertir más de 6.000 millones” de euros por la maraña administrativa.

Ese estudio partía de la consideración de que, con una superficie global de 7.500 kilómetros cuadrados (de los que 3.000, un 40%, son espacios protegidos), Canarias es la Comunidad Autónoma con mayor número de leyes en materia territorial: en total, 13 normas legislativas y reglamentarias. “Esta afluencia no se corresponde en absoluto con una mayor eficacia en la planificación de los recursos territoriales”, exponen los autores del informe en cuestión. “Resulta frustrante que, de los 88 municipios, tan solo 20 tengan acabado su planeamiento”. Entre los municipios turísticos, únicamente Guía de Isora, de Tenerife, tenía plenamente adaptado el planeamiento, mientras que los dos principales de Gran Canaria, Mogán y San Bartolomé de Tirajana todavía no habían iniciado su tramitación.

De todos los planes insulares de ordenación, el único que cumplía era el de Tenerife, cuya aprobación definitiva se oficializó el 21 de marzo de 2011.

“Este marco de provisionalidad del planeamiento entraña una gran dificultad a la hora de de gestionar actividades en otro caso habituales: convenios, cambios de clasificación o categorización de suelos, implantaciones de orden industrial, turística, terciaria… Esta situación viene originando un alto grado de inseguridad jurídica, fuerte conflictividad y judicialización”. En un documento sobre los procedimientos de tramitación y las medidas de simplificación administrativa, CEOE-Tenerife pone de relieve el “abismo” entre la situación actual de los plazos de tramitación y los “ficticios” que establece el Reglamento 55/2006. A continuación ofrece una serie de propuestas para acortar el tiempo de espera. En un cuadro comparativo, la revisión de un Plan General de Ordenación (PGO) se reduce desde los 64-90 meses hasta los 32-46 de la simplificación administrativa.

Como iniciativa de inmediata implantación, la CEOE sugiere “que se arbitren disposiciones clarificadoras respecto a la actividad turística y se suprima la caducidad del planeamiento, especialmente el municipal, para no añadir mayores dificultades al ya complejo proceso de adaptación de los planes”.

Lo que pretende la patronal es “contribuir a despejar la confusión creada por el actual marco legal y sus respectivas aplicaciones, sujetas a diversas interpretaciones, tanto por el funcionariado responsable como por las instancias jurisprudenciales en la que, con harta frecuencia, terminan los expedientes”.

El anteproyecto de ley de Armonización en materia de Protección del Territorio y del Medio Ambiente recoge, en la exposición de motivos, la “necesidad de implementar una política de simplificación, lo que conlleva poner fin a la dispersión normativa del ordenamiento canario”.

En el dictamen preceptivo, solicitado por el Ejecutivo regional el 15 de octubre de 2010, el Consejo Económico y Social de Canarias (CES) acredita, en líneas generales, los objetivos del proyecto legislativo, en el sentido de que ve convenientes estos cambios en el marco regulatorio y la “configuración de nuevas normas en lo que concierne a la ordenación del territorio y del medio ambiente, a fin de corregir determinadas ineficiencias”.

El CES comparte el propósito de “proporcionar una regulación más satisfactoria” en este ámbito de “particular importancia en un territorio insular, fragmentado, dotado de un enorme valor, cara a propiciar el desarrollo económico y cohesión social”. No es baladí el reto de encontrar el equilibrio entre el crecimiento y la conservación del medio ambiente.

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El marco jurídico

La legislación del territorio era principalmente nacional hasta 1997. El marco era el Texto Refundido de la Ley del Suelo (RDL 1/1992), que fue motivo de recurso por parte de varias comunidades autónomas habida cuenta de que, constitucionalmente, la competencia de la ordenación era materia autonómica y no del Gobierno central. Una sentencia del Tribunal Constitucional anuló el RDL 1/1992 en su mayor parte, y se volvió provisionalmente al Texto Refundido de 1976. En Canarias se venía elaborando desde 1996 un proyecto que derivó en la Ley 9/1999, a la que siguieron las de medidas urgentes de 2001, de directrices de 2003 y de medidas urgentes de 2009.

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