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La pensión compensatoria tras el divorcio > José Domingo Gómez

Tras el divorcio viene posteriormente el cese de la convivencia entre los cónyuges que normal y habitualmente suele traer consigo una situación más gravosa para uno de ellos, económicamente hablando, puesto que le va a suponer por una parte un mayor esfuerzo económico por tener que atender a situaciones tales como el mudarse de domicilio, implicando nuevos gastos de alquiler o compra, o, entre otros, los gastos que llevan consigo la custodia de los hijos tenidos en común, y, por otra parte, la nueva y distinta situación en queda uno de los cónyuges en relación con la situación en la que queda el otro cónyuge, y, en especial y sobre todo cuando uno de los cónyuges ha dedicado su vida a la familia y de repente se encuentra con que carece de bienes propios para poder mantenerse, pues mientras el primero atendía a la familia el otro, liberado de las cargas conyugales, iba amasando su propia fortuna. En este sentido, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse viniendo a desestimar un recurso de casación interpuesto por el marido contra una sentencia en proceso de divorcio que concedió a la esposa la pensión compensatoria solicitada por la misma. A este respecto nuestra jurisprudencia a la hora de conceder esta pensión establece de manera primordial el criterio del desequilibrio económico, es decir, compara la situación inmediatamente anterior a la ruptura con la que va a tener que soportar el cónyuge que solicita la pensión con posterioridad a esa ruptura, teniendo en cuenta que la finalidad de esta pensión compensatoria es el corregir los desequilibrios económicos que surjan de la separación o del divorcio, y que la concesión de la misma va a permitir al cónyuge más desfavorecido por la ruptura continuar disfrutando de un nivel económico similar al que tenía durante la etapa de normalidad conyugal.

Nuestros tribunales señalan que ese desequilibrio para una de las partes implica un empeoramiento económico que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. Es decir, ha de probarse que se ha sufrido un empeoramiento en la situación económica del cónyuge que alega el perjuicio en relación a la que disfrutaba durante el matrimonio y respecto a la posición que disfruta o, más bien, que seguirá disfrutando el otro cónyuge una vez producido el divorcio. 

Por ello, la doctrina jurisprudencial exige que ante la existencia de un desequilibrio económico entre los esposos en el momento de la ruptura de la convivencia, con respecto a la situación que tenían hasta entonces, han de tenerse en cuenta para conceder esta pensión, dos cuestiones: la primera, comparar las situaciones económicas vigentes hasta ese instante con los posteriores; y la segunda, comparar las situaciones personales de ambos cónyuges referidos a ese momento.

José Domingo Gómez
Gómez-Toledo Abogados Hispajuris
Área de Derecho de Familia
www.gomeztoledoabogados.com