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La Plataforma contra la Morosidad ve injusto priorizar el pago a los proveedores que ofrezcan descuentos

EUROPA PRESS | Madrid

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) valora positivamente “la celeridad y el compromiso” del Gobierno a la hora de saldar la deuda de las administraciones, aunque ve “injusto” que se dé prioridad al pago a los proveedores que más descuento ofrezcan sobre el importe del principal de la obligación pendiente de pago.

En una nota, el portavoz de PMcM, Antoni Cañete, considera “preocupante” que el criterio de pago incite a una “especie de subasta” de descuentos por parte de los proveedores sobre el importe de las facturas para intentar cobrar antes.

Además, asegura que la puesta en marcha de esta medida generará una “dinámica perversa” que afectará de diferente manera a los proveedores según su sector de actividad, ya que no es lo mismo la estructura de costes de una empresa de servicios que de una empresa industrial.

Asimismo, teme que este mecanismo se pueda usar posteriormente como moneda de cambio para que los pagos derivados de la contratación pública se utilicen también de forma “perversa” con las subcontratas.

Por su parte, el presidente de la PMcM, Rafael Barón, alerta de la posible inseguridad jurídica que se puede crear si después de los pasos de licitación, adjudicación, ejecución y control de la obra, material o servicio suministrado se produzca una subasta de descuentos para acelerar el cobro.

Por otro lado, la PMcM ha elevado un escrito al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que aclare si realmente las administraciones locales van a hacer frente a los intereses de demora por el pago de esas facturas, ya que parece que los proveedores tendrán que pagar los intereses de financiación, lo que supone una quita o reducción del importe total que tendrían que cobrar.

Según estimaciones de la PMcM correspondientes al año 2010, el volumen de deuda del sector público a proveedores fue de 48.000 millones de euros, de los que unos 18.000 se refieren a CC.AA. y unos 30.000 a ayuntamientos.