Esta reforma “extremadamente agresiva” de la que habló el ministro Luis de Guindos, esta reforma que ha roto con todos los consensos sociales tradicionales en tormo al empleo, esta reforma que aplaude la patronal, no es la reforma que creará empleo, sino la que facilitará el despido. De hecho, forma parte del diseño de un programa de superación de la crisis, que aplica toda la carga del sacrificio sobre los empleados. La reforma ha sido aplaudida sin ninguna reserva por la patronal. Cuando eso ocurre de una forma tan clara, es probable que no se trata de una reforma equilibrada.

Y no lo es: el Decreto-Ley que entra hoy en vigor refuerza el poder empresarial en las relaciones de trabajo como no había ocurrido jamás desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980. Permite al empresario bajar el sueldo a sus empleados sin acuerdo previo y sin tener que consultar a nadie, alegando únicamente razones de competitividad o productividad. Esa potestad definirá a partir de ahora un sistema de relaciones completamente distintas en los centros de trabajo. Unida al nuevo ERE expréss sin autorización; a la capacidad del empleador de menos de 50 trabajadores (según el Gobierno el 99 por ciento de las empresas españolas) de rescindir los contratos sin indemnización alguna durante el primer año; y a la consideración universal de que el despido es siempre procedente por causas económicas y puede por tanto resolverse con una indemnización de tan sólo 20 días por año trabajado y con un tope de 12 mensualidades; provocará una precarización del empleo que va a conducir inevitablemente a una reducción de los salarios. En la práctica, eso supone que la reforma persigue el objetivo no declarado de una “devaluación camuflada” del poder adquisitivo.

Esa devaluación que no puede hacerse sobre la moneda, pero sí sobre el salario del trabajador, es -en última instancia-, lo que hay trás la reforma, lo que persigue el Gobierno, como mecanismo para recuperar la productividad perdida y la competitividad internacional y salir de la crisis. Lo que ocurre es que no es seguro que tal sistema funcione: en las sociedades desarrolladas, el trabajador es el principal consumidor de bienes, servicios y productos. Son muchos los economistas que consideran que la reducción de salarios provocará un impacto muy negativo sobre el consumo, reduciendo la actividad económica y destruyendo más empleo. Y suma y sigue en el cículo vicioso de esta crisis.