B. A. | Santa Cruz de Tenerife

El régimen de incompatibilidades vigente en los estatutos de Coalición Canaria (CC) se va a convertir en uno de los debates más intensos que se pueden dar en el quinto congreso nacional, que celebrarán los próximos 15 y 16 de junio.

Los primeros indicios sobre las diferencias existentes en el seno de esta formación política sobre los cambios orgánicos y de funcionamiento, entre otros, que deben afrontar para volver a recuperar el importante caudal electoral perdido en los últimos años, se pondrán en evidencia en la aprobación del reglamento con el que se regirá el cónclave nacional, que se celebrará en Tenerife.

El secretario de Organización, José Luis Perestelo, informó que esta norma será votada en el próximo consejo político nacional, previsto para el 31 de marzo aunque es posible que se adelante su convocatoria una semana.

Según Perestelo, aprobadas las ponencias en el plenario se abrirá el plazo para la presentación y votación de las candidaturas a la presidencia “conforme” a la nueva ponencia de estatutos.

La supresión del régimen de incompatibilidades en vigor es un asunto que ya ha comenzado a poner en evidencia una división interna.
José Luis Perestelo, en calidad de dirigente de la organización de La Palma, presidida por Antonio Castro, se mostró partidario de eliminar estas incompatibilidades.

Los estatutos establecen que “es incompatible la presidencia de Coalición Canaria con cualquier cargo del Gobierno de Canarias o la Presidencia del Parlamento”. Un artículo que cercena las aspiraciones de Antonio Castro, quien también preside el Legislativo autonómico, y quienes promueven que el jefe del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, vuelva a liderar orgánicamente Coalición Canaria.

Perestelo se mostró partidario de acabar con estas barreras aunque matizó que “no es bueno que coincidan” estos cargos de responsabilidad en una misma figura.

Sin embargo, los sectores que promueven la renovación y la reorganización del partido para que CC tenga una voz diferenciada de sus responsabilidades institucionales abogan porque los dirigentes orgánicos sean incompatibles con los liderazgos en las administraciones públicas. Hasta dónde llegará el cumplimiento de este criterio aún no se ha fijado.