Las ejecuciones hipotecarias en Canarias vuelven a niveles de 2008

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Las ejecuciones hipotecarias en Canarias han regresado a niveles similares a los de 2008, cuando estalló la crisis económica y financiera. De un análisis trimestral se desprende que el máximo se alcanzó en el segundo trimestre de 2009, con 1.490 operaciones. La cifra retrocedió en el tercer trimestre de 2011 hasta las 720 ejecuciones.

En respuesta a una pregunta escrita formulada por el grupo parlamentario popular, el Gobierno de Canarias subraya que las ejecuciones hipotecarias en las Islas de 2005 a 2011 han supuesto entre el 5,1% y el 5,9% del total nacional, considerando que los habitantes de Canarias representan el 4,5% de la población española. En ese tiempo, Canarias se ha mantenido estable en el quinto lugar por número de ejecuciones.

De las 356.068 que registró España durante estos años, 19.766 corresponden a Canarias.

El servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial aporta el dato de que las ejecuciones hipotecarias en el Archipiélago evidenciaron un permanente crecimiento hasta 2009, cuando se contabilizaron 5.551. La tendencia se moderó luego, pero el número calculado para 2011 (4.123) superaba aún los índices previos a la crisis.

El total de las ejecuciones tramitadas por los juzgados de primera instancia e instrucción de Canarias fue de 941 en 2005, 967 en 2006, 1.436 en 2007, 3.216 en 2008, 5.551 en 2009 y 4.819 en 2010. Como se observa, la curva es ascendente hasta 2009.

Por provincias, las ejecuciones hipotecarias han sido superiores en Las Palmas a excepción de 2006 (470-497).

Por ejecución se conoce la finalización de los derechos del propietario sobre la hipoteca. El proceso se inicia en el instante en el que el titular incumple sistemáticamente las cuotas del préstamo y habitualmente termina con la pérdida de la casa.

La demanda del banco comienza con una carta denominada aviso de incumplimiento que normalmente se envía después de tres meses de incumplimiento con los pagos.
Lo frecuente es que el comprador deje la vivienda en garantía en caso de que no pueda pagarla; entre otros motivos, porque se quede en paro. Los expertos aconsejan que, antes de exponerse a una ejecución, se analicen opciones como arrendar la vivienda, prolongar la hipoteca y reunificación de créditos.
Más de 20.000 familias

A consecuencia de las ejecuciones hipotecarias, y según la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (Afes), más de 20.000 familias canarias tendrán que abandonar su vivienda en los próximos cinco años debido a la mayor incidencia del paro (30,9%), al número de viviendas vacacionales y al peso de la construcción en la economía isleña, entre otros factores.

El colapso en los juzgados ha generado una bolsa de vivienda en ejecución hipotecaria sin finalizar en toda España cercana a los 160.000 expedientes. “Teniendo en cuenta que el tiempo medio de duración de este tipo de procedimientos se acerca al año desde su tramitación judicial, los juzgados de toda España sufren un colapso acumulado desde inicio del 2009”, señala Afes. La asociación supone que, con la cartera actual de viviendas adjudicadas, y las venideras, “las entidades financieras pondrán a la venta cerca del medio millón de casas, cuyo origen habrá sido los créditos hipotecarios fallidos otorgados durante el periodo 2004-2007”.

El estudio de Afes sobre el impacto de la mora hipotecaria en el escenario de crisis alerta de que “la brecha cada vez mayor entre la banca y la ciudadanía está estrangulando el crecimiento económico”. En estos momentos, “135.000 familias españolas están afectadas por una ejecución hipotecaria, otras 150.000 ya han perdido su vivienda y soportan deudas que impiden cualquier oportunidad de encauzar su futuro”. A ello habrá que sumar “las 133.000 que ya no pueden seguir pagando la hipoteca y las 100.000 familias que dejarán de hacerlo en los próximos dos años por el aumento del desempleo”.

La situación de las entidades financieras es igualmente crítica. “A pesar de haber ejecutado créditos por importe de 18.750 millones de euros, la mayoría de las subastas han quedado desiertas”, pone de relieve Afes.

El procedimiento judicial y administrativo conlleva un desembolso de hasta el 20% del valor de la vivienda, por lo que “el precio de los inmuebles en poder de los bancos se verá ahora forzosamente reajustado al valor de mercado real”.

El coste de la gestión

La agencia de servicios de consultoría, auditoría y gestión inmobiliaria Alteba ha informado de que las ejecuciones hipotecarias le están costando a la banca más de 6.000 millones de euros desde 2007.

Los gastos provienen de las ejecuciones, el mantenimiento y la comercialización de los inmuebles embargados. “Podrían llegar incluso a superar los 9.000 millones si se computaran todas las partidas que se destinan a gestionar el patrimonio adquirido por vía judicial, por el aumento de la morosidad”.

Aunque la morosidad ha crecido, las ejecuciones hipotecarias han descendido. Esta circunstancia no es ajena a las acciones emprendidas por los bancos para amortiguar el impacto social de este fenómeno. Es más, un auto judicial cuestiona la constitucionalidad de la vigente normativa sobre desahucios y ejecuciones.

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“La banca vulnera el derecho a una vivienda”

La dación en pago ha retornado al primer plano de la actualidad tras la propuesta del Gobierno de permitir que las familias con todos sus miembros en paro y sin ingresos adicionales para afrontar la hipoteca salden su deuda con el banco mediante la entrega de la vivienda.

En opinión del delegado en Canarias de la asociación de consumidores Ausbanc, Jerónimo Barrera, “es una medida descafeinada e injusta”.

A su entender, “la agresividad de los bancos es tremenda”. Por eso, no le inspiran confianza. “Se está vulnerando el derecho constitucional a una vivienda digna”, ha declarado Barrera. “Lo que defendemos es que la familia no sea expulsada de su hogar para que no caiga en un infierno social antihumano y antilógico, impropio de una sociedad del bienestar”.

Desde su punto de vista, la renuncia a la propiedad sería la última salida. “Estamos condenados a que la vivienda sea una concesión de la banca”, se quejó Barrera. “Siempre estamos en manos de las entidades financieras y ellas no están dispuestas a ceder más terreno”, comentó el portavoz de Ausbanc. “No es que no quieran, sino que no pueden, porque cada vez que ejecutan tienen que dotar y eso les cuesta dinero”. En nombre de Ausbanc, Jerónimo Barrera se ofrece al Parlamento de Canarias para que inste al Ejecutivo autonómico a que promueva “una ley más equilibrada, más sensata y más coherente tendente a proteger a las familias”. Si ha de ocurrir la dación en pago, expuso, “que no sea lo que vulgarmente se llama el pacto comisario, porque la posición de la banca es muy fuerte frente al consumidor”. En este marco, Ausbanc plantea que un juez emplace al prestamista y al prestatario a que busquen una mediación obligatoria.

Mientras tanto, añadió Barrera, “que la banca, a la que no le interesa aumentar la morosidad, paralice las ejecuciones y que se queden las personas dentro pagando los intereses que puedan o a cambio de un módico alquiler”.

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