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Las entidades de discapacitados se movilizarán en marzo si no cobran

La atención a las personas dependientes sigue generando una agria polémica en el Archipiélago. | DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

“No se trata de un ultimátum, sino de reivindicar lo que nos corresponde”. Así de tajantes se mostraron ayer los representantes de la Plataforma Tenerife Discapacidad, que mantuvieron una reunión con técnicos de la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias.

En la misma se sentaron las bases de los dos decretos que conformarán el sistema de atención a las personas dependientes en el Archipiélago, tanto en lo que se refiere al copago como a las acreditaciones de los centros.

Las organizaciones también aprovecharon para mostrar su malestar por las deudas que se arrastran desde el pasado ejercicio, y la falta de información respecto a la ficha financiera de 2012. En este sentido, la plataforma presentó la semana pasada en la Consejería un escrito en el que dejaron claro que si no se les abonan las cantidades que se les adeudan antes del 15 de marzo, volverán a salir a la calle a manifestarse.

El Ejecutivo aseguró que en octubre entregó al Cabildo insular el 50% (6 millones de euros) de la cantidad que le correspondía. Cuatro meses después, los beneficiarios siguen sin percibir parte de lo que les adeudan, aunque la Corporación, que había previsto un recorte del 15,5%, se comprometió a pagar a plazos. De hecho, el 15 de diciembre anunció que adelantaría los cerca de 800.000 euros que adeuda a las 36 asociaciones de discapacidad psíquica y salud mental de la provincia.

Algunas de ellas han percibido ya lo que les corresponde, pero otras siguen sin hacerlo, lo que las está obligando a emplear fondos propios para poder mantener todos los servicios y proyectos que llevan a cabo. Pese a todo, la sintonía entre las organizaciones y la Administración es “buena”, pero hay aspectos donde las posturas están bastante distanciadas. Por ejemplo, en lo que se refiere al decreto sobre el copago por parte de las personas dependientes. En el Gobierno entienden que el límite debe venir fijado por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), mientras que las asociaciones consideran que ello supondría un desembolso al alcance de muy pocas personas.

Los técnicos de la Consejería se comprometieron a revisar la propuesta, por lo que la próxima semana habrá una nueva reunión que puede ser definitiva. En la misma también debería cerrarse el contenido del borrador del decreto sobre las acreditaciones de los centros, sobre el que la Plataforma Tenerife Discapacidad ha presentado algunas alegaciones.

Entre ellas, una de la que generaba más controversia es la moratoria de adaptabilidad. Así, y a la espera de que se apruebe el acuerdo, el Gobierno concederá a las asociaciones y entidades de discapacitados cinco años más para que puedan acreditar sus centros de atención a dependientes.

El objetivo, según ha explicado la consejera Inés Rojas en varias ocasiones -y así se lo exigió a la ministra Ana Mato hace dos semanas-, es que el Estado pueda dotar económicamente la Ley de Dependencia y poner en marcha una ficha financiera suficiente para atender las demandas de los cerca de 20.000 dependientes canarios reconocidos que todavía esperan una ayuda.