NORBERTO CHIJEB | Güímar
Santa Lucía-Los Barrancos es el núcleo, en el litoral de Agache, que vive con la incertidumbre de saber si finalmente le afectará el deslinde de 100 metros que obliga la Ley de Costas o no, ahora que el Partido Popular pretende variarla en el Parlamento. El abogado José Luis Langa es el defensor del centenar de vecinos afectados en ese barrio, que también sufre las consecuencias de los desprendimientos en una gran cueva natural, con la clausura de unas veinte viviendas.
-A día de hoy, ¿cómo está la situación en Santa Lucía-Los Barrancos, después de los derrumbes en la cueva natural?
“A día de hoy, según manifiesta el presidente de la asociación de vecinos, se encuentra en la misma situación que se produjo por los desprendimientos habidos y que afectaron a alguna de las edificaciones existentes”.
-¿Y las casas clausuradas?
“Con fecha de 20 de octubre de 2011 se dicta decreto por el alcalde de Güímar donde manifiesta que por razones de seguridad para las personas se debe proceder al desalojo de algunas de las edificaciones existentes en Santa Lucía, decreto que fue recurrido por la vía contencioso administrativa”.
-¿Cree necesario hacer esas obras costosas, con la amenaza de que no se cumpla la Ley de Costas?
“En cualquier desprendimiento que afecte a la seguridad de las personas, allí donde estén ubicadas, deben realizarse obras que garanticen la seguridad, con independencia del costo”.
-El Supremo le ha dado la razón a El Tablado y La Puente. ¿Pasará los mismo con Santa Lucía y Balandra, por ejemplo?
“El Tribunal Supremo no ha podido dar la razón a Santa Lucía, ya que al día de la fecha no se ha presentado recurso alguno ante dicho Tribunal, al no tener constancia de que se haya incoado expediente administrativo de deslinde marítimo terrestre que motivase recurrir la resolución administrativa inicialmente ante la instancia jurisdiccional contenciosa que corresponda”.
-¿Tiene futuro ese barrio costero?
“Estimo que las personas que habitan en él con bastante anterioridad a la promulgación de la Ley de Costas forman parte de un núcleo poblacional urbano consolidado, al reunir todos los requisitos mínimos que la ley exige para poder tener tal consideración”.
-Usted ha dicho que el Partido Popular cambiará la Ley de Costas. ¿Sigue pensando lo mismo?
“Yo no he sido el que he dicho que el PP cambiará la Ley de Costas, sino que ha sido el ministro Arias Cañete quien manifestó que dicha ley iba a ser modificada, en el sentido de evitar, como hasta ahora se viene produciendo, una inseguridad jurídica para aquellas personas cuyas propiedades y negocios puedan verse afectados por su aplicación retroactiva, con anterioridad a su entrada en vigor en el año 1988. Dicha declaración del ministro nos satisface en el sentido de que esperamos que las consecuencias sociales y económicas negativas que está acarreando su aplicación no afecten a los derechos adquiridos y reconocidos en nuestra Carta Magna. Teniendo en cuenta que es necesario buscar un equilibrio con el derecho, también reconocido en la Constitución española, de disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, y el deber de conservarlo. En consecuencia, la protección del dominio público marítimo terrestre debe realizarse de forma equilibrada, y siempre como establece la propia Ley de Costas en su exposición de motivos, en el marco del respeto general a los derechos legalmente adquiridos, siendo Canarias la comunidad autónomo más afectada, ya que, de los 7.447 kilómetros cuadrados de superficie, tiene 1.583 de costa”.