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Los ‘okupas’ con bebés demandan al Consistorio por querer echarlos

VICENTE PÉREZ | Arona

Dos parejas de okupas con hijos menores, que habitan las viviendas de protección oficial abandonadas en Llano del Rey, presentaron ayer una denuncia en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona contra el Ayuntamiento de este municipio por “vulnerar el derecho a la protección social, económica y jurídica de la familia y de los menores a su cargo” al cortarles agua y luz.

En la denuncia, realizada mediante una comparecencia ante el Juzgado de dos de los afectados (Jonathan Ramos, cuyo desesperado caso contó este diario el pasado miércoles, y Roberto Cano), admiten ser okupas, y hacen constar que están en paro, sin más sustento que una ayuda municipal de alimentos, y con tres hijos, dos de 13 meses y uno de un mes. Desde que hace cuatro meses ocuparon estas casas, alegan sufrir “coacciones, acoso y actuaciones arbitrarias” del Ayuntamiento para que las desalojen, “enviando a la Policía Local y a personal de mantenimiento a cortar la luz y el agua”. Si bien reconocen que su enganche a estos servicios es ilegal, creen que el corte sin previo aviso les deja “indefensos”, sin teléfono, ni luz, ni refrigeración para alimentos, a su juicio vulnerándose derechos. Los denunciantes inciden en que las viviendas son de protección oficial y llevan 25 años abandonadas. Los denunciados son el alcalde y los respectivos concejales de Vivienda, Obras, Policía y Mantenimiento.

El alcalde, José Alberto González Reverón, explicó ayer que se les ha llegado a ofrecer a estos vecinos una ayuda de varios meses de alquiler, y que el Consistorio tapiará estas viviendas, para lo cual denunciará ante el Juzgado su ocupación ilegal de modo que se pueda proceder a su desalojo.

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Restaurar o tirar

El regidor municipal, José Alberto González Reverón, informó ayer de que el Ayuntamiento ha recibido ya el escrito del Gobierno canario que certifica que las once viviendas de protección oficial de Llano del Rey son propiedad municipal, tras la correspondiente “reversión”. Dado este paso, anunció que ahora se van a tapiar para evitar que entren más okupas , medida que justifica en “defensa del patrimonio municipal”. El gobierno local, precisó el alcalde, también hará un estudio técnico que determine en qué situación se encuentran estas edificaciones, abandonadas desde hace más de dos décadas, tras lo cual se verá “si se pueden rehabilitar para adjudicarlas a las familias necesitadas, o hay que demolerlas”. La pasada semana, la Dirección General de Vivienda aseguró a este diario que estos adosados de protección pública nunca fueron del Gobierno canario porque no firmó la cesión propuesta en 2001 debido a que el planeamiento general no admitía entonces esas casas.

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