EFE | Barcelona

Más de sesenta colectivos se han adherido al manifiesto que hoy martes se ha presentado en la sede de CCOO para denunciar “la impunidad del franquismo y la corrupción”, a favor de las víctimas y por la absolución del juez Baltasar Garzón.

La apertura del acto ha ido a cargo de Enric Pubill, presidente de la Asociación de Expresos Políticos de Cataluña, que ha leído el manifiesto donde se aboga por la protección del derecho penal internacional.

“Según este derecho, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio integran una categoría de delitos que se caracterizan por su prohibición de toda impunidad y prescripción”, declara el texto.

Miquel Caminal, catedrático de ciencias políticas de la UB y uno de los que han intervenido en el acto, se cuestionaba así: “¿qué futuro se puede construir si el pasado queda fuera del estudio y la reflexión críticas?”.

Ha denunciado “el silencio ruidoso” de los miembros de la administración de justicia en el caso Garzón, alegando que no hay “justicia prevalente a la democracia”, porqué la primera se inscribe en la segunda y “no puede dejar pasar los crímenes de la dictadura”.

También ha intervenido Montserrat Armengou, periodista y directora del documental “Los niños perdidos del franquismo”, quien ha criticado la inexistencia de espacios de expresión para las víctimas en el sistema judicial español: “Yo no tendría que haber hecho este trabajo”.

“Denuncio la existencia de un franquismo latente y la permanencia de una elite que ha incrustado un discurso donde reconciliación es igual a olvido”, ha añadido.

La rueda de ponencias ha finalizado con la intervención de José María Mena, exfiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña, quien ha denunciado el proceso judicial que ha encausado a Garzón, así como el amparo legal de los demandantes.

Al acto, que prácticamente ha llenado la sala de actos de CCOO, también han asistido los líderes de UGT, José María Álvarez, y de Comisiones, Joan Carles Gallego, y el presidente de ICV-EUiA, Joan Herrera.

El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón está acusado de un presunto delito de prevaricación porque el año 2008 se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo, un hecho que los demandantes, las asociaciones Manos Limpias y Libertad e Identidad, consideran que vulnera la ley de Amnistía de 1977