EFE | Santa Cruz

La diputada de Coalición Canaria (CC) Ana Oramas ha presentado una proposición no de ley en la que se pide al Gobierno español que se modifique la legislación para impedir que las personas condenadas por la justicia y sus familiares puedan lucrarse por relatar sus testimonios en programas de televisión.

En un comunicado hecho público hoy, Ana Oramas dice que es perverso que un crimen genere beneficios a su autor o familiares por ir a una televisión a hablar de ello.

Ana Oramas reclama que se ilegalice cualquier tipo de pago o prestación desde medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión a personas que, habiendo sido condenadas por la justicia, tengan pendientes las restituciones, indemnizaciones o multas económicas que les fueron impuestas, y que esa prohibición incluya a sus familiares o allegados.

También plantea la diputada de CC que se estudie la posibilidad de que la prohibición de remuneraciones también sea para personas imputadas en la comisión de delitos o condenados por los mismos sin penalización económica pendiente, que podrían ejercer su derecho a la libre expresión en los medios, pero sin recibir remuneración de ningún tipo por declaraciones referidas a los delitos probados o presuntos con los que se les ha relacionado.

Oramas indica que la controversia que han generado los pagos realizados por las cadenas de televisión a delincuentes convictos o a sus familiares se ha multiplicado en las últimas fechas con la aparición de nuevos personajes que han contribuido a subrayar la perversión de valores que supone que, por ejemplo, un crimen genere beneficios a su autor o a sus familiares por ir a una televisión a hablar de ello.

La diputada nacionalista cita en la iniciativa algunos de los casos que más polémica han suscitado en los medios de comunicación y subraya que todos supusieron la reiteración de unas prácticas que, paradójicamente, premian con sustanciosos emolumentos a delincuentes condenados, sin que conste que hayan restituido a las arcas públicas las cantidades robadas o las multas e indemnizaciones impuestas.

De ese modo, comenta Oramas, se da la circunstancia de que medios que prestan el servicio público de televisión en base a concesiones públicas realizadas por el Estado premian a delincuentes con cantidades que ningún profesional de la televisión percibe por aparecer en pantalla.