BEGOÑA AMEZUA | Santa Cruz de Tenerife

Hace quince días el presidente del Centro Canario Nacionalista (CCN), Ignacio González, anunciaba que el ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria, le había confirmado que ya habían comenzado los estudios previos necesarios para determinar si hay petróleo frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote.

Dos semanas después, las autorizaciones para llevar a cabo esas investigaciones no han sido concedidas, y la empresa privada responsable de los estudios, Repsol YPF, se mantiene a las espera de que el Gobierno estatal pueda tomar una decisión. El ministro competente en la materia no ha dicho nada distinto a lo expresado en su etapa de diputado autonómico en el Parlamento de Canarias, es decir, que la Comunidad Autónoma y España no pueden dejar escapar este negocio si las exploraciones previas confirman la existencia de yacimientos.

La última vez que Soria se ha pronunciado al respecto, a preguntas de los medios de comunicación fue, hace 48 horas, en Santa Cruz de Tenerife. El ministro anunció que se había abierto un periodo de audiencia para “algunas” de las instituciones públicas de las Islas.

Cuando concluya este proceso, el Ministerio de Energía tiene la voluntad, tal y como confirmó su titular, de “reactivar” el real decreto que dejó preparado, según José Manuel Soria, el exministro socialista en la materia, José Montilla. El exlíder de los socialistas catalanes integró el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2006.

Toca esperar y eso es precisamente lo que está haciendo Repsol, la empresa dedicada a la exploración, producción, transporte y refino de petróleo y gas además de titular de los permisos, anulados por el Tribunal Supremo en 2004, para perforar el subsuelo marino en el marco de la investigación de hidrocarburos frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote.

El Supremo estimó parcialmente los recursos presentados en 2002 por el Partido Socialista Canario de Lanzarote y el Cabildo de la misma Isla contra el Real Decreto número 1462/2001 de 21 de diciembre. El tribunal fundamentaba que no se mencionaban las medidas de protección medioambientales ni el plan de restauración adecuado al plan de labores propuesto. El Supremo recordaba que, en el acuerdo del Consejo de Ministros, se distinguían dos fases bien diferenciadas. La inicial de adquisición de datos que corresponde a los primeros años y la segunda, durante los cuatro años siguientes, que autorizaba y obligaba a realizar las labores de perforación del subsuelo marino así como otros trabajos geológicos y geofísicos.

Repsol, a través de su departamento de comunicación. informó de que la compañía está “a la espera” de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tome una decisión. En la actualidad, para Repsol no hay ninguna novedad, por lo que el proyecto lleva años paralizado.

El departamento de comunicación precisó además que se trata de un plan de trabajo a medio y largo plazo porque a Repsol se le otorgaron los permisos de investigación por un periodo de seis años.

La empresa considera que, cuando el Consejo de Ministros dé el visto bueno al real decreto, que elaborará el ministerio de José Manuel Soria, esta autorización debe considerarse como una continuidad de las labores que quedaron interrumpidas hace ocho años.
Si hoy mismo se reanudaran estas investigaciones, Canarias sabrá si hay petróleo y si el negocio de extracción es viable alrededor del año 2018. Dos años antes de que el sistema energético de Canarias comience a utilizar el gas.

Será en la planta de ciclo combinado que se prevé en el polígono de Granadilla. Pero solo será realidad si el proyecto no vuelve a paralizarse.

Los indicios apuntan a que hay recursos importantes en las Islas

Millones. En relación al volumen de negocio que puede existir, Repsol únicamente afirmó que los indicios apuntan a que hay recursos importantes. Los datos económicos conocidos son del año 2005, cuando el presidente del PP regional, hoy ministro de Energía, José Manuel Soria, en su calidad de diputado regional; decía, en el Parlamento canario, que existía un 20% de posibilidades de encontrar petróleo y que Repsol calculaba que el volumen de negocio podía ascender a 67.000 millones de euros, con una extracción diaria de unos 140.000 barriles.

Política. Desde el punto de vista político, desde 2004 pocas son las novedades que se han producido. El sector nacionalista del Gobierno de Canarias recuerda que ya hay una ley que reconoce las aguas canarias aunque no se han dado las modificaciones de las leyes estatales correspondientes. Un cambio con el que sostienen que Canarias tiene derecho a reclamar en el negocio del fuel al reconocérsele los derechos mineros también en el mar.

Referéndum. Hace ocho años, el entonces presidente autonómico, el nacionalista Adán Martín, anunciaba que promovería un referéndum y hace seis años, el jefe del Ejecutivo estatal, José Luis Rodríguez Zapatero, en sus vacaciones en Lanzarote dijo que la concesión de los permisos se mantendría en suspenso hasta que no se alcanzase un acuerdo político y social. Hoy nadie apela ni al referéndum ni al consenso institucional.