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Pólvora del Rey > Francisco Pomares

Mi hijo de nueve me preguntó ayer por los fuegos artificiales al cierre del Coso. Le parecieron estupendos, claro. Pero le sorprendió que se sigan gastando dinero en ellos “ahora que hay tanta gente pasando hambre”. No supe qué contestarle. Es cierto el de los fuegos también tiene empleados a los que dar de comer, y que el Carnaval mueve millones. La nuestra es una sociedad compleja en la que es difícil tener una respuesta certera para todo. Para algunas cosas es más fácil: el Parlamento acaba de sacar a concurso la adjudicación de su televisión interior, un sistema para que las sesiones parlamentarias (plenos y comisiones) sean grabadas y emitidas en circuito cerrado y puedan ser accesibles por internet por cualquier persona interesada. Quizá no sea ésta una mala iniciativa para tiempos de abundancia, porque redunda en una mayor transparencia de las actividades de la Cámara, y por tanto acerca la democracia a los ciudadanos. Pero resulta que la mera compra de equipos de registro para poner en marcha el sistema supone medio millón de euros. ¿Cuánto costará la puesta en marcha definitiva del canal interno de televisión? ¿Cuantos funcionarios habrá que dedicar a atenderlos? ¿Se contratará a una empresa de fuera? ¿Cuánto costará hacerlo?

Uno se pregunta si tiene algún sentido invertir hoy todos esos recursos en una actuación perfectamente prescindible, cuando las urgencias y necesidades son tantas. Por supuesto, habrá argumentos a favor y argumentos en contra de este gasto, como los hay en todos los casos: aún hoy se defiende desde Coalición el sentido y oportunidad de ese capricho inútil y costosísimo que ha sido la Policía Canaria. El problema con el Parlamento es que su propio presupuesto de funcionamiento, muy importante, es una verdadera incógnita para casi todo el mundo. Los recursos de los que debe disponer el Parlamento son aprobados por el Gobierno -teóricamente a propuesta de la Mesa del Parlamento- e incorporados en el Presupuesto, y llevados al propio Parlamento para que los refrende. A partir de ese momento, todas las decisiones de gasto corresponden exclusivamente a la Mesa -que es la que decide en qué se gasta y a quien se adjudica- y escapan incluso al control parlamentario. Sólo la Audiencia de Cuentas puede -con muchos años de retraso- revisar la ejecución del gasto parlamentario, y no suele entrar en mucho detalle. La ejecución del presupuesto del Parlamento se ha convertido así en un asunto muy poco transparente.