EDUCACIÓN>

PP reclama al Gobierno de Canarias “una postura clara y rotunda” a favor de las escuelas unitarias de La Palma

EUROPA PRESS | SANTA CRUZ DE TENERIFE

La diputada autonómica del PP, María Teresa Pulido, reclamó este sábado al Gobierno de Canarias “una postura clara y rotunda” a favor de las escuelas unitarias de La Palma y anunció la presentación de una Proposición No de Ley para que se cumpla el Acuerdo Marco sobre los Servicios Educativos Públicos en estos centros, del año 2007.

En un comunicado, Pulido solicitó en Comisión Parlamentaria al consejero de Educación, José Miguel Pérez, que lleve al próximo Consejo de Gobierno el citado acuerdo, suscrito por toda la comunidad educativa, con el fin de que sea asumido en su totalidad y “se ponga fin a la incertidumbre en la que se ha sumido a estos centros vitales para la población rural de La Palma”.

“El consejero ha manifestado que la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias podría propiciar el cierre de alguna de estas escuelas porque quedarían fuera de los principios que establece, pero obvia que este protocolo introduce criterios correctores tanto cuantitativos como cualitativos, que permitirían preservar el actual modelo, o en su caso, someter su continuidad a la consideración de una comisión de seguimiento impulsada al efecto”, dijo

De esta manera, opinó que es necesario “pasar de pronunciamientos públicos favorables, como el que se realizó en Pleno hace escasos veinte días, a hechos que demuestren que el Gobierno es favorable a este modelo educativo público”.

“Tres generaciones de docentes -agregó- y cerca de 60 profesores de La Palma, y unos 650 escolares, asisten a estos centros que se encuentran en núcleos rurales dispersos de la Isla, que merecen respeto y un trato justo, especialmente cuando existe un documento regulador que debería respetarse porque cuenta con el apoyo de la propia comunidad educativa”.

Asimismo, el Acuerdo Marco señala como objetivos el mantenimiento y potenciación del actual modelo, la valorización del trabajo docente que se realiza en estos centros, y que se tengan en cuenta tanto criterios cuantitativos como cualitativos acerca de su apertura o cierre.

El citado documento prevé, para ello, la creación de una comisión formada por representantes de los sectores implicados de la Comunidad Educativa, de las asociaciones de madres y padres, Sindicatos de la Enseñanza, y Administración Educativa, mientras que la norma apunta criterios correctores que han de aplicarse en casos como el de La Palma, y que han de respetarse a la hora de tomar cualquier decisión.

“Han de tenerse en cuenta, entre otros parámetros, tanto las edades y composición del alumnado, la distancia del centro completo más cercano al domicilio y su facilidad de comunicación y transporte, como un proceso de información a las familias y la expresa voluntad de los padres”, concluyó.