ME PAGAN POR ESTO >

Razones funcionales y morales > Alfonso González Jerez

Pueden encontrarse dos actitudes ideológicas básicas en las raíces del derechismo rampante en la sociedad española, que no se limita al poder acumulado por el PP en las elecciones autonómicas y generales del pasado año. Las dos están insertas (y se utilizan como estrategias legitimadoras) en las reformas retrógradas que se están aplicando desde el Gobierno español y, particularmente, en los cambios en la normativa que regula las relaciones laborales establecida en el decreto-ley aprobado en la semana pasada. El primero ofrece un perfil básicamente funcionalista. Viene a decir que las cosas son como son, que las leyes económicas no pueden ser obviadas, que la red de obligaciones, acuerdos, convenios y relaciones financieras, el capitalismo globalizado, en fin, impone o, quizás más exactamente, prescribe un conjunto de decisiones políticas prácticamente ineludibles. Sí, es terrible que se obligue a esos infernales sacrificios a los ciudadanos griegos, por ejemplo, pero no hay más remedio, si quieren recibir fondos de la UE, qué le vamos a hacer. Es una forma de maldad resignada. ¿Recuerdan a ese personaje de la película de dibujos animados? “Yo no soy mala, sino que me han dibujado así”. La segunda es menos aséptica y más batalladora: defiende la superioridad moral del aniquilamiento de lo público, de la desintegración del Estado de Bienestar, del individualismo darwiniano, de la criogenización de los sindicatos durante los próximos siglos. Auspicia la denigración hastiada de la izquierda y de sus ridículas ínfulas de superioridad moral. La izquierda es un detritus del pasado que si no está muerta del todo es porque apela a lo más bajo del ser humano. La izquierda sería algo así como una hamburguesa espiritual que siguen vendiendo avispados burócratas para los paladares ideológicos más bastos. Esta actitud la ejemplifican los artículos (siempre divertidos en su caústica ferocidad) de Cristian Campos. Una muestra: “¿Todavía se preguntan qué problema tiene la izquierda y por qué ha sido barrida electoralmente de Europa? Pues es muy sencillo: porque estamos en el siglo XXI”.

Una crítica ética, por lo tanto, de una agresión social en todo regla como es la nueva normativa laboral resulta, por lo tanto, algo perfectamente risible en estos tiempos. No hablo de un discurso moralista o moralizante, sino de acompañar los argumentos económicos de una convicción moral: la inmensa mayoría de la gente va a vivir peor, va a ver recortadas sus posibilidades de ascenso social, va a entregar a sus hijos una vida más pobre y con menos esperanza de la que vivieron, va a sobrevivir con trabajos precarios y peor pagados, y todo eso ocurrirá no por merecimientos propios, sino por la necesidad acuciante de mantener intacto un sistema económico y social cuya lógica interna se considera ya no insuperable y sin alternativas verosímiles, sino, simplemente, irreformable desde ningún punto de vista. Y eso es injusto. Para mantener que no se trata de una sañuda injusticia, tanto funcional como moralmente, solo queda un camino: mentir como bellacos una y otra vez. Hace unos días, en un debate televisivo, el empresario José Antonio Segurado repetía que los españoles habían vivido por encima de sus posibilidades y lo hacía sin pestañear al proclamar que los salarios había subido una barbaridad entre 2000 y 2007: una falsedad que puede rebatirse en docenas de fuentes estadísticas. Si el crecimiento de los salarios hubiera sido sólido y sostenido el endeudamiento de las familias españolas sería mucho menor. Como no fue el caso, evidentemente, se debieron endeudar con las entidades crediticias: la financiarización de la economía fue la estratagema para mantener plusvalías y mantener el consumo a flote. Pues bien: de ahí se deriva, según Segurado y compañía, la responsabilidad de los mileuristas en la actual y prolongada crisis económica. Más de un 80% de los canarios tienen ingresos salariales inferiores a los 1.300 euros: al parecer, a ese ejército de manirrotos debemos el hundimiento en una recesión apabullante. Nos hemos portado muy mal y ahora debemos purgar por nuestros pecados.

La reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP solo tiene dos objetivos: forzar lo que se denomina una devaluación interna -al no disponer ya de moneda propia se ejecuta a través de una bajada de salarios y, glub, precios- y abaratar el despido merced a una desregulación brutal de las relaciones laborales y una disminución sustancial de las indemnizaciones. Como decía con delicadeza otro ideólogo de la reforma bien entendida: “¿ya no eres útil a tu empresa y pretendes que el empresario te pague cuarenta mil euros?”. Cualquier otra fórmula ha sido despreciada abiertamente por las autoridades gubernamentales, aunque el medio millón de parados que caerá este año -según cálculos muy realistas- vaya a costar unos cuatro mil millones de euros en seguro de desempleo en el venidero 2013. Empleo barato, empleo de baja cualificación, empleo precario: las condiciones óptimas para una economía débil, con una oferta productiva estructuralmente deficiente, un sistema educativo y formativo cada vez más destartalado, un consumo miserable y una inversión pública y sobre todo privada en investigación, desarrollo e innovación de las más bajas de la Unión Europea. Un modelo que avanza hacia una suerte de portugalización de España si no salta antes todos los aires gracias a un sistema bancario lastrado por el ladrillo y los balances amañados. El señor Mariano Rajoy y su equipo insisten en que las bondades de su reforma laboral se podrán apreciar en el futuro, y desde un punto de vista técnico no le falta la razón: para medir los efectos de una reforma del mercado laboral no basta un mes, ni un trimestre, ni un año, sino todo un ciclo económico. Lo malo es que antes de terminar el ciclo de la crisis habrá cristalizado un modelo de relaciones laborales que, a su vez, supone una resignación generacional perfectamente adaptada a una economía periférica y menor modestamente dedicada al turismo y a la exportación de productor hortofrutícolas.

Aun así esta reforma laboral no será la última: nos esperan sucesivas reformas dirigidas al derecho de huelga, a las prestaciones por desempleo o a la jubilación. El aumento galopante del desempleo en los próximos meses -que será particularmente dramático entre los mayores de cuarenta y cinco o cincuenta años- estimulará que el Gobierno conservador pise el acelerador bajo el pretexto de que las reformas deben intensificarse. Con un PSOE noqueado, unos sindicatos mayoritarios que intuyen aterrados su propia impotencia y un discurso propagandístico de singular fiereza no existen demasiadas esperanzas de articular una denuncia funcional, técnica y ética de las reformas regresivas del Partido Popular y, menos aun, que exista la capacidad política y social de detenerla. Están borrachos de poder y gloria, e incluso cuando el borracho no tiene en su mano el BOE y la policía la gente suele eludirlo y tomar otra dirección. En este caso, a la oficina del paro más cercana, por ejemplo.