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“Trabajo avala que el aumento de la jornada laboral en sanidad es ilegal”

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

“Si no corrigen inmediatamente la línea de recortes brutales que han puesto en marcha, se cerrarán hospitales y centros de salud, que está ocurriendo en comunidades como Cataluña”. Así de tajantes se muestran en Intersindical Canaria (IC), el sindicato mayoritario en el sector sanitario del Archipiélago, que continúa viviendo con incertidumbre la actual situación.

No en vano, según cifras recogidas por IC, en sólo dos meses la sanidad isleña ha visto recortado su personal en más de un 40%, lo que supone el despido de cerca de un millar de trabajadores eventuales y sustitutos. Ello se debe, fundamentalmente, al controvertido aumento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales, una medida que a juicio de Intersindical Canaria “contraviene los convenios colectivos y distorsiona gravemente la organización de los centros”.

De hecho, IC ha denunciado ante el Juzgado de lo Social, por la vía del conflicto colectivo, la vulneración del convenio en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), y hará lo propio en el resto de centros hospitalarios de las Islas. Al respecto, el delegado sindical de IC en el HUC, Jaime Bethencourt, aseguró que el pasado viernes la Inspección de Trabajo avaló la tesis que defiende la organización y exigió a la Consejería de Sanidad que todas las comunicaciones que haga a los trabajadores lleven el sello y la firma de la Administración, algo que no ha ocurrido hasta ahora.

“La Inspección nos da la razón, porque la Consejería tiene la obligación, según convenio, de notificar con dos meses de antelación y por escrito cualquier decisión, como por ejemplo el aumento de la jornada laboral”, agregó Bethencourt.

Marcha atrás

Para el sindicalista, el problema podría ir más allá si prospera la denuncia de su sindicato, ya que Sanidad podría verse obligada a dar marcha atrás y anular el aumento horario, compensando además a los trabajadores afectados en tiempo o dinero.

“La situación es muy complicada”, subrayó Jaime Bethencourt, cuyo organización está recabando firmas para pedir la dimisión del actual equipo directivo de la Consejería, que encabeza Brígida Mendoza.

“Los recortes de plantillas, la falta de camas y el aumento de las listas de espera puede ser contraproducentes, porque se están cronificando las dolencias de muchos pacientes, lo que sin duda generará más necesidad de tratamientos y mayor desembolso económico”, denotó.

La denuncia de Intersindical, si no hay acuerdo, llegará a Magistratura, que tendrá que resolver si ha habido o no vulneración del convenio colectivo, al menos en lo que al Hospital Universitario de Canarias se refiere.

“La posibilidad de fracaso asistencial por desasistencia ha aumentado en los últimos meses en los hospitales”, arguyó el delegado de IC en el HUC, quien recalcó que las medidas que está tomando la Administración son “irresponsables” y “negligentes”.

Por ello, desde Intersindical Canaria no descartan nuevas acciones y movilizaciones -como la llevada a cabo la semana pasada por medio centenar de trabajadores ante la puerta de la Gerencia del HUC- en las próximas semanas, ya que consideran que la situación empeorará en primavera si no se toman “medidas urgentes”.

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La deuda con las privadas y los servicios externos desciende el 11%

La deuda sanitaria no visible de las comunidades autónomas (conciertos con hospitales privados, servicios externalizados y no asistenciales) supera los 4.100 millones de euros, que se suman a los 11.600 millones que las autonomías deben por suministro de medicamentos y de tecnología.

Así se recoge en un informe sobre Deuda pública con el sector sanitario privado, del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) hecho público ayer, que advierte de que el elevado déficit de las administraciones públicas y la necesidad de reequilibrar su presupuesto tiene un alto potencial de impacto en el gasto sanitario público y en la deuda acumulada.

El gasto sanitario público es el principal componente de los presupuestos de las comunidades autónomas (32,2% del total). Aunque al comienzo de la crisis, el presupuesto sanitario de las regiones seguía incrementándose de forma global, dicho incremento se ha reducido considerablemente y ha llegado, incluso, decrecer en el periodo 2010-2011 (-3,9%), señala el informe.

No obstante, el ajuste no ha sido homogéneo en todas las comunidades autónomas. Así, La Rioja, Murcia y Madrid han aumentado su presupuesto para sanidad (un 5,4, 1,9 y 0,8%, en cada caso), en tanto que Baleares lo ha mantenido.

El resto de autonomías lo han reducido, especialmente Canarias (-11,1%), Cantabria (-8,3%) y Cataluña (-7%).

La deuda sanitaria pública afecta al conjunto de los proveedores del sistema sanitario y el informe la clasifica en dos grandes grupos: la deuda visible y la no visible. Esta última engloba conciertos de lista de espera con hospitales privados, oficinas de farmacia, empresas de servicios no asistenciales (limpieza, cocina, lavandería, archivo, etc) y deuda no contabilizada.

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