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Transparencia y acceso a la información > Jaime Rodríguez-Arana

La reciente aprobación por el Consejo de Gobierno de Navarra de un anteproyecto de ley de transparencia devuelve a la opinión pública la cuestión del protagonismo ciudadano y la función de la Administración y de todos sus entes. España, por sorprendente que parezca, no dispone de una ley en la materia, lo que constituye una excepción en el panorama global del derecho al acceso a la información de interés general. El Gobierno navarro, siguiendo las más modernas tendencias en la materia, se propone que toda la información de interés general esté a disposición del ciudadano y que, además, éste puede solicitar la que quiera sin más límite que el de la ley de protección de datos. Es decir, la Administración pública de Navarra y su sector público, junto a las instituciones y entidades financiadas con fondos públicos, deberán ser una caja de cristal para la ciudadanía. La información denominada oficiosa, la que se publica en las páginas webs de los organismos públicos, deberá dejar de ser un instrumento de propaganda para convertirse en un servicio a la ciudadanía. De esta forma, las muy cuidadas fotografías y fabulosos currículos de sus titulares habrán de ser completados con datos relativos a la ejecución del presupuesto, a los sueldos de los empleados, de todos, a los recursos que se pierden ante los tribunales, a la motivación de las decisiones, a los sistemas de contratación empleados, a la forma de seleccionar el personal, a los gastos de los viajes oficiales, a las dietas por asistencias a órganos colegiados, a las declaraciones de bienes y actividades de los dirigentes y a todos aquellos datos relevantes para conocer en general y en detalle el funcionamiento de los entes públicos. Por ejemplo, también deberá constar en las páginas webs la evaluación del personal, así como los objetivos fijados anualmente para la institución de que se trate. La experiencia del funcionamiento de estas leyes en el derecho comparado enseña que las excepciones por razón de seguridad pública han de interpretarse restrictivamente porque, de lo contrario, lo que es excepcional se convierte en la regla. De ahí que una norma como ésta debe obligar a la transparencia y al acceso a la información no sólo a la Administración pública, sino a todas aquellas instituciones que reciben fondos públicos, como partidos, sindicatos, patronales, fundaciones, ONG, empresas concesionarias de servicios públicas. También, el acceso a la información debe exigirse de todas aquellas informaciones que manejan datos conectados a asuntos de interés general, como es el caso, bien polémico, de los medios de comunicación. En realidad, estas leyes de transparencia y de acceso a la información son útiles si sirven para que la ciudadanía se forme su criterio. Además, pueden ayudar a que la gente participe activamente en la vida de las instituciones pudiendo dirigirse a ellas con facilidad para proponer medidas, para hacer sugerencias, para denunciar… La profunda distancia que existe entre ciudadanía e instituciones, a causa de razones conocidas, bien puede paliarse a través de normas e instrumentos que hagan percibir al ciudadano que él es el verdadero dueño y señor de organismos y procedimientos. Aquella vieja idea, todavía actual, de que el dirigente es el soberano, el titular del poder, debe ser aparcada. De lo contrario, seguiremos viviendo, y sufriendo, el divorcio entre democracia material y formal.

*Catedrático de Derecho Administrativo. jra@udc.es