El Senado ha aprobado esta semana por amplia mayoría una moción que insta al Gobierno de España a modificar la Ley de Costas, con el fin de que se pueda compatibilizar la protección de la franja litoral con el crecimiento económico y la seguridad en el empleo, así como con los derechos de las personas físicas y jurídicas con propiedades en estas zonas.
El texto solicita al Ejecutivo flexibilidad en los requisitos y clarificar el régimen de ocupación del dominio público marítimo terrestre, para favorecer una aplicación homogénea de los mismos a las concesiones y autorizaciones por establecimientos de comidas y bebidas, teniendo en cuenta los intereses de todos los ciudadanos. Asimismo, requiere al gobierno que se plantee la compensación de los derechos adquiridos de buena fe y de forma legítima con anterioridad a la aplicación de la vigente ley, restableciendo la seguridad jurídica. Por último, solicita estudiar la paralización de las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ley, hasta que se pueda proceder a su modificación, cancelando todos los actos administrativos.
La moción presentada por el Grupo Popular en el Senado ha sido aprobada con una enmienda transaccional que contó con el apoyo de PP, CIU, PNV y CC, y un amplio consenso de la Cámara, del que se ha desmarcado el PSOE, que ha votado en contra de la misma, contribuyendo aún más a un aislamiento inexplicable. Parece como si los socialistas no quisieran poner solución a este asunto y atender las peticiones de las miles de personas y empresas afectadas por la pésima aplicación de la Ley de Costas del Gobierno de Zapatero. En lo que a Canarias se refiere, el aislamiento socialista se agrava, si tenemos en cuenta que se han opuesto a una reforma que introduciría específica salvaguarda a los asentamientos afectados por la norma anterior.
Con el modelo del PSOE ha habido una aplicación deficiente, errática, arbitraria y caprichosa de la Ley que ha afectado a medio millón de propietarios, y que no ha hecho más que generar controversia e inseguridad jurídica. La postura del PSOE y la complicidad silenciosa de CC, que afortunadamente ha reconducido su parecer, no han hecho más que generar incertidumbre. A nadie se le puede escapar la importancia del sector turístico en nuestro país y el papel vital que juegan las costas en este sector, y muy especialmente en unas Islas como las nuestras.
Así, las personas que han sido afectadas por la aplicación de esta Ley han visto amenazado su patrimonio, sus bienes y su futuro, ya que en los últimos años, se han hecho deslindes que vulneraban los derechos adquiridos de forma retroactiva, obviando la declaración del Parlamento Europeo de marzo de 2009, que señalaba la arbitrariedad de la medida. La peor consecuencia de esta aplicación es el drama personal de los que se ven amenazados con la destrucción de su vivienda o de sus negocios adquiridos años atrás con todos sus derechos. Nunca una Ley como la de Costas ha generado tanta incertidumbre en su aplicación, tras 20 años de su aprobación, como la situación vivida en los años del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.
Los quioscos y chiringuitos que dan encanto a nuestro litoral y generan puestos de trabajo y actividad económica, también han sido víctimas de esta situación, que hizo peligrar la forma de vida de miles de personas en Canarias. Tanto los propietarios de viviendas y empresas afectadas por el deslinde, como los dueños de locales a quienes les han cambiado los criterios de ocupación del dominio público marítimo terrestre, han vivido durante décadas en armonía con la naturaleza que les rodea. Es una soberana irresponsabilidad poner en peligro los puestos de trabajo que generan estos negocios. Los más de 1.800 chiringuitos que hay en nuestro país, gran parte de ellos en nuestras Islas, nos ofrecen cifras de suma importancia para la Economía y el trabajo en la zona en que se ubican.
Además, el Grupo Popular en el Senado calcula que estamos perdiendo alrededor de 80.000 inversores extranjeros con ello, pero lo peor, detrás de estos datos económicos está la situación personal de miles de personas que han visto peligrar su forma de vida y su economía. En estos momentos en que se cuestiona su continuidad, el Senado ha dado buena muestra esta misma semana de su gran utilidad para los intereses de todos, y muy especialmente de nuestra comunidad autónoma, cuyo litoral ha dado un importante paso hacia su conservación y viabilidad económica.
Antonio Alarcó es Portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Tenerife y senador por la Isla