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Una reforma laboral para el medio plazo > Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

La reforma laboral propuesta por el Gobierno, como otros grandes asuntos de impacto mediático -la reciente condena del exjuez Garzón, por ejemplo-, ha dividido las opiniones sin que nadie se apee de su propio parecer adoptado de antemano, sin prestar atención a las opiniones ajenas. Controvertida, compleja, tal vez injusta en algunos aspectos, la reforma no es fácil de entender -aunque puede ayudar a muchas empresas a superar la crisis- y se presenta como inseparable del actual contexto económico y de las exigencias de los mercados, de donde procede el dinero que recibe el país para poder financiarse.

No vale quedarse con el aspecto más llamativo de la reforma, el abaratamiento del despido, una solicitud (¿o imposición?) de la Unión Europea -y de organismos internacionales como la OCDE, el FMI, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, las agencias de calificación, etc.- y olvidar otros factores destinados a combatir las rigideces del sistema, muy afectado siempre por las inestabilidades económicas. Tampoco cabe ignorar propuestas valientes como el aumento de la flexibilidad interna y externa de las empresas, la llamada flexiseguridad, la mejora de la formación de los trabajadores, el descuelgue de los convenios colectivos, la ultraactividad de éstos, el combate contra el absentismo laboral, la regulación del teletrabajo, la previsión de incentivos para la contratación de parados de larga duración, jóvenes menores de 30 años y para los emprendedores con la fijación de destacadas ayudas económicas, la mayor flexibilización de los contratos a tiempo parcial para jóvenes, los estímulos para el autoempleo y los autónomos, la limitación de indemnizaciones y salarios para directivos de empresas públicas, el plan de lucha contra el fraude, la realización de servicios comunitarios por parte de parados que cobren seguro de desempleo, la admisión de empresas de trabajo temporal como agencias privadas de colocación, etc.

Puestos a sacarle punta al despido, que deberá obedecer a imperativos causales y someterse a lo que disponga la jurisdicción social, habrá que recordar que fue el Gobierno anterior, en su inútil reforma laboral, el que fijó los 20 días por año en unos casos y los 33 en otros, como autorizó también el encadenamiento indefinido de los contratos temporales, suprimido ahora al cabo de dos ejercicios para ir acabando con la excesiva temporalidad, una de las mayores aberraciones del sistema. Una reforma no puede ser fuente exclusiva de despidos baratos y de contrataciones precarias; para ese fin, mejor que no se haga. Ya se sabe que no genera empleo por sí sola, pero para los expertos resulta un complemento imprescindible para dinamizar las contrataciones, una vez que se anime la demanda, circule el crédito y se inicie la generación de actividad económica.

La reforma de Rajoy ataca varios de los fallos del modelo productivo, como su rigidez y falta de flexibilidad y aborda con realismo otras debilidades singulares: es el caso de los jóvenes en paro (casi el 47%, nada menos, de los demandantes de empleo), las empresas en crisis (han desaparecido más de 300.000 desde 2007) y los desempleados de larga duración (sin recursos y en buena parte con edades cercanas a la jubilación). El principal problema español son los 5,3 millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo. Todos los esfuerzos de Gobierno y oposición, y de las fuerzas sindicales y sociales, deberían encaminarse a buscar una salida pronta a esta situación insoportable, que además influye negativamente en la recaudación impositiva, en la reducción inversora y en los fondos que necesita la Seguridad Social para su sostenibilidad; fondos que han sufrido una merma muy importante porque ahora cotizan 3 millones de trabajadores menos que hace cuatro años y a los que se destinan más de 30.000 millones de euros en cada ejercicio por el seguro de desempleo. En estas condiciones, parece obligado ayudar a quienes se encuentran en paro o sometidos a precariedad laboral, aunque sea cediendo algunos derechos y facilitando a las empresas -que son las únicas que crean trabajo- la contratación a menores costes, de modo que ganen en productividad.

Lo que busca la reforma del PP es incrementar el empleo, no favorecer los despidos en situaciones de crisis o recesión -como ocurre ahora-,propiciando soluciones alternativas mediante el reparto de los tiempos de trabajo, la reducción de salarios o jornada, el descuelgue de los convenios sectoriales, la movilidad de los empleados, etc. A estos efectos, parece una aberración demonizar al empresariado cuando es el verdadero impulsor de la riqueza nacional y el principal creador de puestos de trabajo, o tildarlo de malvado y explotador -aunque pueda existir algún garbanzo negro, cómo no- cuando normalmente lo que procura y desea es crear empleo, no despedir a sus propios trabajadores.

En el terreno sindical la reforma tiene un ánimo regenerador y modernizador. Entiende las relaciones laborales no como una confrontación o lucha de clases, sino como comunión cooperadora de intereses entre trabajadores y empresarios, si bien pone en riesgo la negociación colectiva, abre la puerta al despido del personal laboral en el sector público, establece una dudosa legalidad en los contratos a prueba y refuerza la autoridad del empresario a la hora de modificar las condiciones laborales, rebajar sueldos por razones de productividad y poder presentar ERES por causas económicas sin autorización previa. Eso sí, actualiza una legislación con ribetes derivados del franquismo; resta poder, privilegios y protagonismo a los sindicatos -apesebrados, anticuados…- en línea con las prácticas europeas, aunque éstas lamentablemente llevan muchas veces consigo la pérdida de derechos sociales. Y es que los cambios en las relaciones laborales son inevitables tras la enorme crisis económica en Occidente, las modificaciones de los modos y sistemas de producción y los trasvases de rentas de producción que han traído consigo la inmigración, la deslocalización y la globalización, cuestiones que se suelen olvidar.

Tras Suecia, España es el país europeos que más indemniza por despidos improcedentes, ya que dobla con creces las cifras de Alemania, Francia, Reino Unido o Italia. Esto ha dado lugar a que en nuestro país las nuevas contrataciones sean, en un 90%, temporales, que sólo suponen una indemnización de ocho días por año trabajado, en tanto las indefinidas se sitúan ahora en 33 días, cifra aún muy superior a la media europea. Con estos datos y a la vista de la brutal destrucción de empleo en España desde el inicio de la crisis -3,5 millones de puestos de trabajo- parece más que obligado modificar drásticamente la regulación del mercado de trabajo con el fin de hallar nuevas y más útiles soluciones.

No se entiende la oposición frontal de los sindicatos a la reforma. Sólo se quedan con el capítulo de derechos y despidos, tras años de complicidad y connivencia con el creciente aumento del desempleo, en los que pasaron olímpicamente. Sí tienen razón CC.OO. y UGT cuando reclaman claridad, seguridad y transparencia en el alcance real de las medidas que se proponen y su regulación sencilla. Y aunque nada dicen los agentes sociales, también sería útil un apoyo decidido para el contrato único indefinido con indemnización creciente, que es el que, como en la UE, debe predominar como regla general. Con el país en estado de emergencia económica, la reforma debe ser perfeccionada entre todos en un debate constructivo, clarificando dudas y resolviendo aquellas cuestiones de posible inconstitucionalidad o de efectos perversos, como el alto impacto de los costes laborales sobre la salud de las empresas o la pérdida de derechos entre los trabajadores. Pero mientras los mercados y Bruselas nos meten prisa para que completemos rápidamente las reformas e incluso nos advierten sobre las graves consecuencias de hacerlas a medias, los sindicatos amenazan con la aprobación de una huelga general si el actual proyecto de ley sigue adelante. Nadie parece darse cuenta ni reflexiona sobre el esfuerzo imprescindible de todos para tratar de mantener la cohesión social, la ayuda a los que más lo necesitan -los parados-, además de la actividad de empresas y trabajadores y, al tiempo, preparar la salida de la crisis. ¿Será que no tenemos remedio y preferimos acabar como Grecia y Portugal?