Mariano Rajoy lo había anunciado: sus reformas económicas y laborales llevarían a la contestación social. Lo tenía asumido y medido. Lo había prometido en su campaña electoral y esta semana lo ha cumplido: ha escuchado las voces de los empresarios y de muchos analistas y ha puesto en marcha una reforma laboral que, más allá de grandes titulares, no es tan profunda ni radical como se dice sino que continúa con los ajustes emprendidos por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, los sindicatos piden diálogo y esperarán al respaldo social para una huelga general. ¿Se atreverá un país que tiene ya casi a una de cada tres personas en edad de trabajar en situación de desempleo a acudir a una huelga general? Los tiempos están marcados: a principio de legislatura y con mayoría absoluta, algo así no desgastaría al Gobierno sino al sector productivo nacional.

Está claro que los derechos laborales de los trabajadores españoles actuales no han impedido que se alcancen, mes tras mes, récords de parados. Tampoco la protección social ha logrado una reinserción de este gran caudal de parados hacia otros sectores o hacia el tan aclamado autoempleo o la innovación en cualquiera de sus vertientes. España es un país de empleados con hipoteca que, en momentos de crisis, se convierte en un dinosaurio con escasa capacidad para reinventarse.

Muchos analistas consideran que esta reforma de Rajoy no es novedosa y ni siquiera valiente y, simplemente, la califican como lo mínimo imprescindible que puede hacer el Gobierno actual en las circunstancias de crisis. Otros recuerdan que España se mantenía con una legislación laboral muy mala que premia a los trabajadores per se y no a su trabajo, por lo que se acababa perjudicando el esfuerzo, la innovación y la eficiencia en los entornos laborales, muy especialmente cuando las antigüedades se convertían en un salvavidas antidespidos debido a las, en muchos casos, abultadas indemnizaciones obligatorias. Esta situación hace que aquellas organizaciones que deben introducir cambios estructurales en sus modelos de negocio que requieran modernización se ven sin el apoyo suficiente de gran parte de su masa gris y que, en definitiva, los perjudicados sean los propios trabajadores más jóvenes o con mayor capacidad para el cambio. Los empresarios canarios, a través de la CEOE, aseguran que la reforma es “un paso imprescindible y sustancial en el proceso de modernización de nuestra legislación laboral para aproximarnos a la flexibilidad de los países de nuestro entorno que ya han realizado este tipo de reformas”. Los empresarios y el propio gobierno defienden que con esta decisión se innova en el sistema de fijación y actualización de salarios, se prima la negociación en el seno de la empresa y la flexibilidad interna. Esto permitirá adaptar la empresa al ciclo y a la competencia exterior, y crear oportunidades para el empleo y su estabilidad.

Por contra, las centrales sindicales remarcan que las reformas laborales no crean empleo sino que éste lo hace solo el crecimiento económico y que fomenta la entrada de personas en el mercado laboral, cuando la economía crece; y la salida en situación de decrecimiento. Por lo tanto, consideran que este tipo de argumentos solo sirven para perder derechos laborales a cambio de nada. La estabilidad en el empleo y la seguridad también genera un consumo más a largo plazo y el mantenimiento de la economía.

Está claro que con reforma o sin reforma, todos, trabajadores, empresarios y gobiernos tienen que asumir su papel para salir de esta crisis en la que todos los sectores tienen su cuota de responsabilidad. La innovación en el seno de la empresa debe ser una baza que se debe jugar con las garantías necesarias. Los empresarios y los bancos deben recoger el guante y abandonar esa imagen de vampiros con los que se les ha identificado antes y durante la crisis para empezar a tener un mayor compromiso con la comunidad y con sus propios trabajadores. Que la reforma laboral no sirva para hacer un sistema más injusto sino un nuevo modelo en el que todos salgan ganando.