Es de común acuerdo el hecho de que la Sanidad es uno de los pilares básicos del llamado Estado de Bienestar, junto con la educación y el resto de servicios sociales, como medida de compensación que los poderes públicos dotan ante las desigualdades, y máxima garantía de cohesión y estabilidad. Hoy es un principio europeo irrenunciable. Nos preocupa, por ello, que cerca de 300.000 ciudadanos del Norte de Tenerife lleven décadas esperando una respuesta a sus necesidades en el ámbito sanitario. El pasado mes de enero, en una interesante reunión celebrada en la sede del Partido Popular de Icod de los Vinos, a la que invitamos a las diputadas autonómicas Mercedes Roldós y María Teresa Pulido, constatamos la honda preocupación que existe respecto a todo lo que rodea a la puesta en funcionamiento del complejo hospitalario y sociosanitario de la comarca.
Asumimos allí el compromiso de explicar a la población tinerfeña qué es lo que sucede realmente con este proyecto y con el correspondiente al Sur de la Isla. La Ley Autonómica 3/2000, de 17 de julio, compelió al Gobierno de Canarias a promover y construir ambos centros, con la asignación de recursos hospitalarios para la atención de media y larga estancia y de personas mayores necesitadas de cuidados continuados con asignación de recursos asistenciales propios de la Atención Primaria y Especializada Ambulatoria. El Convenio de Colaboración firmado entre el Servicio Canario de la Salud y el Cabildo Insular de Tenerife el 23 de diciembre de 2002 con este fin, contemplaba, en el caso del Hospital del Norte, un Centro de Atención Especializada y un punto comarcal de urgencias, así como 50 plazas de media estancia.
No fue hasta el 26 de octubre de 2008 cuando se dotó de cartera de servicios completa y un plan funcional a ambas instalaciones, según lo acordado por el Gobierno de Canarias y el Cabildo, siendo vicepresidente autonómico José Manuel Soria, con Mercedes Roldós de consejera del Área, y ostentando nosotros la Vicepresidencia del Cabildo y la Consejería de Sanidad y Universidad. Se añadía al complejo un área de laboratorios, un área obstétrico-neonatal, hospital de día, oncológico y polivalente, banco de sangre, farmacia y esterilización, con un incremento de la dotación presupuestaria, que alcanzaba los 35,6 millones.
El retraso en la ejecución de las obras ha truncado las expectativas puestas. La Consejería reconoce ahora la imposibilidad de acometer los trabajos “por razones de índole presupuestaria”, renunciando a construir el Edificio de Ampliación del Complejo.
Esto supondría, como reconocen Cabildo y Gobierno de Canarias, no dotar quirófanos, paritorios, hospital de día, camas de obstetricia e instalaciones complementarias, aplazadas hasta que haya dinero. La inversión prevista, por tanto, se reduce casi en 20 millones, lo que también afecta al centro previsto en el Sur, cuyos usuarios se ven igualmente defraudados por CC y PSOE, que gobiernan en ambas instituciones. Eso es lo firmado, y como lo escrito tiene memoria, no entendemos qué pretenden el presidente y el vicepresidente segundo del Cabildo cuando insisten en que el centro habrá de inaugurarse en marzo. Si el Ejecutivo Autonómico sólo ha previsto para ello 600.000 euros -ni una décima parte de lo necesario para comenzar a funcionar-, sabiendo que no hay personal ni material, y no se ha firmado plan de funcionamiento alguno, la supuesta apertura es una burla a Tenerife. Los retrasos acumulados en la finalización de este proyecto no han de menguar la calidad futura de un servicio por el que llevamos tantos años esperando, y en el que se han invertido muchos millones de euros. Son explicaciones que habrán de darnos quienes tienen responsabilidades actualmente en la gestión insular de la Sanidad, que antes de preocuparse por los canapés y las fotos con que adornan sus inauguraciones, deberían primar la política de eficiencia en el uso de recursos públicos, y la adecuación del personal necesario. Exigimos, por ello a Cabildo y Gobierno de Canarias a que adapten sus actuaciones a la estabilidad del Estado de Bienestar, contemplando la firma de acuerdos en el ámbito concertado si fuera necesario, para que contemos cuanto antes con los anhelados hospitales comarcales con cartera de servicios completa. Tenemos una sanidad pública universal de la que tenemos que sentirnos todos orgullosos globalmente, pero no hemos de hacer política con la sanidad y sí políticas sanitarias. Hay que decir siempre la verdad a los ciudadanos: para inaugurar mal, mejor no inaugurar.
Antonio Alarcó es Portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Tenerife y senador por la Isla