La ocupación francesa no impidió sino, por el contrario, estimuló la inteligencia y el coraje para redactar, debatir y promulgar la primera Constitución que canceló las anacrónicas injusticias del Antiguo Régimen y estableció, frente a la monarquía absoluta, la soberanía nacional, la separación de poderes, el sufragio universal y la libertad de expresión. En esas circunstancias adversas, los representantes populares, reunidos en Cádiz, interpretaron ese valor que califica y engrandece a las personas y a las colectividades. Esa virtud -que podemos llamar patriotismo, generosidad, servicio- fue la que llevó a priorizar los intereses generales, a garantizar la igualdad y extenderla a todos. La libertad no consiste sólo en hacer lo que se quiere, sino, principalmente, en hacer lo que se debe. El respeto es la primera regla para coexistir en sociedad. El trabajo responsable es aquel que tiene como fin prioritario el servicio a los demás. Entre 1810 y 1812 se dieron pasos significativos en cuanto a la erradicación de instituciones integristas y feudales; desde el Santo Oficio de la Inquisición a los señoríos que pesaban sobre Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera,y en amplios lugares de Gran Canaria y Tenerife, y las propias encomiendas americanas. Para Canarias, lujo y verso suelto en el Estado, la Carta Magna de 1812 la puso en pie de igualdad con el resto de los territorios europeos y de ultramar. La nueva organización política y administrativa articuló con provincias y municipios los vastos territorios y acercó, por primera vez, la administración a los vecinos. Es hora del homenaje a nuestros cuatro diputados doceañistas, entre ellos el gomero Antonio José Ruiz de Padrón, ponente en la abolición de la Inquisición. Enfrente tuvo a eclesiásticos que, como el tinerfeño Key y Muñoz, buscaron, principalmente, la restauración monárquica. Monseñor Pedro Gordillo y Ramos, grancanario, canónigo de la catedral de Santa Ana y que, en el curso de los debates, presidió la patriótica y posibilista asamblea, y Fernando de Llarena y Franchy, tinerfeño, funcionario de carrera. Al mérito de la juventud y azarosa existencia de La Pepa, tenemos que oponer, sin embargo, algunos defectos y carencias que contrastan con las bases del liberalismo, como son la exclusión del voto a importantes colectivos por razón de sexo, raza y exclusión social. Los diputados constituyentes de 1812 cumplieron su obligación en circunstancias comprometidas y dificultosas; en medio de lo que el filósofo e historiador Antonio Elorza llamó la “Revolución Española”. Los constituyentes de 1978 dieron con holgura y altura de miras cuanto se esperaba de ellos. El Estado de las autonomías -la principal aportación de esta Carta Magna- superó la oposición de quienes lo rechazaron desde posiciones extremas y de quienes lo reivindicaron. Las Cortes de Cádiz marcaron el arranque del parlamentarismo: la Constitución de 1978, el principio de una era en la que, tras los fallidos intentos republicanos y superada la dictadura, se reconocía la realidad de un país diverso, cuyas singularidades reclamaban tratos específicos dentro de las libertades y la igualdad. A los políticos de esta hora, cuando celebramos dos siglos de aquel texto, las inquietudes de los administrados y el reconocimiento de que estamos en los umbrales de una edad con problemas, soluciones y posibilidades inéditas. Hace dos siglos, gritar “viva La Pepa” era pedir libertad y demandar relación leal y respetuosa. Señorías, autoridades…, en homenaje a la gloriosa página de nuestra historia, digo hoy “viva La Pepa”.

*Presidente del Parlamento de Canarias