Escucho de nuevo a otra berza parlante. Asevera que con la reforma de la ley del aborto el PP está cumpliendo con su programa electoral. La berza se desliza a toda velocidad por un silogismo impoluto: si un partido recoge en su programa electoral una reforma legislativa, y ese partido obtiene mayoría absoluta, y prestamente se dedica a cumplir sus compromisos contractuales con la ciudadanía, solo cabe callar. Digamos que si algo cabe es el aplauso por tanta diligencia. Ignoro si el Partido Popular llevaba la reforma de la ley del aborto en el programa con el que se presentó a las elecciones del pasado noviembre. Pero esa supuesta contundencia argumental lleva en su interior un artero ataque a la concepción misma de una sociedad democrática y si actualmente tiene tanto éxito, no es por los hipotéticos abusos y desfalcos de la democracia española, sino por su debilidad: por ese cordón umbilical, trenzado de prejuicios, mezquindades y miedos, que une todavía este país a los muchos años en los que ni se vivió ni se entendió la democracia. Un Gobierno democrático no es un equipo de notables elegido para encargarse de los intereses públicos mientras nosotros, los ciudadanos, volvemos a nuestras cosas para no volver a acercarnos a las urnas silentes hasta dentro de cuatro años.

La reforma del ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, está dirigida a contentar al electorado más ranciamente derechista del Partido Popular y dar satisfacción a la Conferencia Episcopal que, favor con favor se paga, ha silenciado abruptamente a organizaciones de inspiración católica que querían expresarse contra la reforma laboral, ahora convalidada por el Congreso de los Diputados. Para enmascarar que se trata, precisamente, de un regalo político e ideológico a sus sectores más ultras del conservadurismo español, Ruiz Gallardón ha pretendido universalizar el contexto de su demanda y aplicación con esa necedad, tan impostada como hipócrita, según la cual las condiciones sociales llevan a la mujer a abandonar el proyecto de la maternidad. La evidencia contrafáctica hace innecesario extender ninguna crítica: restringir el derecho al aborto no facilita la opción por la maternidad, sino que dificulta (e ilegaliza parcialmente) la opción contraria. No es una defensa, sino un ataque a la libertad de elección en contra quien es la única legitimada para tomarla. La opción por la maternidad no está coartada por la actual legislación del aborto: no es esta normativa la que impulsa a rechazarla, cuestionarla o posponerla a miles de mujeres. Son las diferencias salariales entre hombres y mujeres, las patéticas dificultades para la conciliación de la vida laboral entre los padres, el hecho de que las guarderías luzcan como inalcanzables objetos de lujo. Nada de esto figura, por cierto, en la reforma laboral ahora abrillantada en la Cámara Baja.