Cerramos 2011 con casi cinco millones de parados en España, y parece que si las cosas no cambian mucho 2012 cerrará con cerca de seis millones. Los datos son suficientemente graves como para que constituyan el principal motivo de preocupación de gobiernos y ciudadanos.

Ante ese dato lo primero que toca es destacar lo obvio: el trabajo lo crea y lo ofrece la empresa. A los efectos que ahora nos interesan, señalemos como para la empresa el trabajo es un factor de producción que, junto con el capital, entra en una combinación para conseguir una producción determinada. Y sobre la empresa juega una vocación de supervivencia que le lleva a no poder mantener durante un largo período de tiempo más puestos de trabajo que los que económicamente se justifiquen. Explican los economistas que, a partir del momento en que el coste salarial de un trabajador sea superior al valor de producción que éste añade, el empresario dejará de añadir trabajadores a su plantilla.

Por eso, en una situación de crisis como la actual, con una caída brutal del consumo interno, las empresas han ajustado todos sus costes, y entre ellos los de personal, intentando economizar su mano de obra, simplemente para buscar asegurar su supervivencia. Y vemos como en Canarias sólo el turismo, vinculado al consumo externo, al procedente de terceros países, es capaz de mantener y generar puestos de trabajo.

Lo anterior es duro; muy duro, sobre todo, para quienes cada día sufren en carne propia la decisión de su empresa y pasan a engrosar las listas del paro; muy duro para quienes ven pasar el tiempo en las listas del desempleo y no logran una salida a su situación.

Pero con paños calientes no se resolverá la situación del paro. Tengo para mí que un paño caliente es la reiterada invocación de responsables de administraciones públicas proclamando que su primer objetivo es mantener el empleo público. Todos sabemos los necesarios ajustes que hay que afrontar en el sector público -unos ajustes que tienen la misma explicación que los ajustes en el sector privado- sin embargo, parece que se pretende alcanzar ese ajuste sin tocar las plantillas. Quienes así se pronuncian parecen desconocer que la oferta de empleo en las administraciones públicas se rige por los mismos criterios económicos que en las empresas; si se olvidan esos criterios nos encontramos con economías como la griega; o, en el caso español, con una economía ya sometida a observación estricta por la Unión Europea.

En los países de economía planificada vivieron la ilusión de no tener desempleo. Lo lograron a base de un infinito número de porteros, de empleados de guardarropía, de vigilantes de pisos o simplemente de funcionarios o policías que pululaban por todas partes sin nada qué hacer. Las evidentes ineficiencias de esos sistemas económicos acabaron en colapso.

Algunos no quieren aprender las lecciones de la historia y se obstinan en otorgar un plus al empleo público sobre el privado. ¿Por qué los responsables políticos no aplican al empleo privado el ánimo que despliegan para mantener el empleo público? Quizás la respuesta esté en que siguen pensando como aquella ministra que el dinero público no es de nadie.

Aquí no hay verdades absolutas; aquí no valen declaraciones maximalistas para quedar bien ante la parroquia. Aquí lo único que cabe exigir de todos es rigor y responsabilidad. Y no parece muy riguroso plantear como un objetivo en sí mismo el mantenimiento del empleo público, ¿aunque el trabajador afectado no esté aportando un valor en términos de provisión de bienes y servicios públicos? Esas declaraciones llevan en su aplicación a que se mantenga en nómina al empleado X en una Dirección General que ha perdido prácticamente su presupuesto, y al mismo tiempo no se contrata al médico o al profesor que se precisa para atender a unos enfermos o a unos alumnos. La decisión es dura a nivel personal: habrá que prescindir del empleado X pues en él se está manteniendo un gasto improductivo que, a corto plazo, nos está impidiendo resolver el déficit de personal en otros servicios; y, a medio plazo, la proliferación de esos gastos improductivos nos llevará a una situación como la griega.

Lo que no vale, en mi opinión, es exigir al sector privado que realice toda clase de ajustes y, al mismo tiempo, pretender que ese sector aporte con sus tributos para mantener una cuota de gasto público que es improductivo.

Hoy me he referido a los ajustes de plantilla, pero todos sabemos de otros ejemplos de gasto y de inversión improductivos. ¿Es que no lo son los casos extendidos por toda la geografía española de aeropuertos sin aviones; de puertos sin barcos?, ¿es que no lo son los apoyos publicitarios a clubes de fútbol -por cierto: sociedades anónimas-?, ¿es qué no lo son tantos otros ejemplos que usted conoce?