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Alianzas socialistas > Juan Hernández Bravo de Laguna

Lo más importante que aprobó el último Congreso del Partido Socialista, después de la elección de su nuevo secretario general, fue la revisión de los cuatro acuerdos de España con la Santa Sede de 3 de enero de 1979, que sustituyeron al Concordato global de 1953 y fueron ratificados por las Cortes Españolas el 4 de diciembre de 1979. No era la primera vez. En los Congresos socialistas son habituales los pronunciamientos no solo laicistas, sino resueltamente anticatólicos, que propician unas entusiastas adhesiones y unos calurosos aplausos que luego quedan en nada. La propia Carme Chacón había reclamado en un Congreso anterior la supresión de la figura del capellán castrense, aunque después, siendo ministra de Defensa, los convirtió en oficiales. No obstante, la política catalana ha sido el único de los responsables de nuestras fuerzas armadas que ha rehusado asistir a los actos de final de curso y entrega de despachos en la Escuela Naval Militar de Marín, unos actos que incluyen una misa y que se celebran nada menos que el día de la Virgen del Carmen.

Convendría que algunos dirigentes socialistas leyeran un poco más la Constitución, que dispone con claridad que España es un Estado aconfesional, no un Estado laico. Y que se fijaran en el ejemplo francés. Porque, a pesar de que Francia es un Estado laico desde la Ley de separación entre la Iglesia y el Estado de 1905, y de que, por citar un caso, las procesiones no pueden celebrarse en la vía pública y se celebran en el interior de los templos, los militares franceses muertos en Afganistán han tenido unas exequias religiosas en los Inválidos, con asistencia del presidente de la República. Un presidente de la República que, como jefe del Estado de Francia, es canónigo honorario de San Juan de Letrán, la catedral del Papa, distinción de la que Sarkozy tomó posesión aprovechando una visita al Vaticano. El presidente también conserva el derecho de presentación de obispos de algunas diócesis. Además, en Alsacia no se aplica la Ley de 1905. Se nos dirá que la situación en Francia no es -ni ha sido nunca- tan idílica como la dibujamos, y que la Iglesia española es muy diferente de la francesa. Es posible. La Iglesia española es deudora de nuestro triste pasado y producto de nuestra triste historia. Igual que lo fue el Gobierno anterior, si bien sus miembros no lo sabían. Lo cierto es que el enfrentamiento de dicho Gobierno con la Iglesia y sus obispos resultó un poco patético y un mucho ridículo a la vista de la realidad. Y la realidad es que los funerales de Estado por militares o policías muertos en acto de servicio consisten en una misa católica, oficiada a menudo por el arzobispo vicario general castrense, sin que nadie se pregunte si los fallecidos eran creyentes o no. Y la realidad es que a las procesiones -y romerías- católicas asisten políticos que gobiernan y políticos en la oposición -también socialistas-, que, por cierto, no paran de hablar entre ellos. Y la realidad es que en muchas de esas procesiones católicas participan efectivos de las fuerzas armadas, Legión incluida. Y la realidad es que los miembros de la Familia Real se casan por la Iglesia, y se bautizan y se confirman. Y la realidad es que en Francia esas cosas no pasan y, sin embargo, no hay ningún enfrentamiento gubernamental con la Iglesia francesa.

Como cualquier otro colectivo de ciudadanos, y cualquier ciudadano en solitario, la Iglesia y los católicos españoles tienen derecho a criticar -con radical dureza- y a manifestarse pacíficamente en contra de leyes aprobadas democráticamente, sin que ello autorice a cuestionar su alineamiento inequívoco con la democracia. E, incluso, tendrían derecho a pedir el voto para candidaturas determinadas. Se denomina libertad de expresión y es consustancial con una democracia digna de ese nombre. Fue inaceptable que el entonces secretario de Organización socialista, José Blanco, y su portavoz parlamentario, Diego López Garrido, afirmaran en enero de 2008 que para defender sus ideas -hacer política- la Iglesia debe presentarse a las elecciones. Tal afirmación es contraria a la Constitución, que reconoce nuestro derecho a participar en los asuntos públicos directamente, sin necesidad de representantes, y revela una preocupante querencia autoritaria. Hay que decir rotundamente que reducir la democracia a los partidos y las elecciones es negarla. Y que todos -incluidas las confesiones religiosas- tenemos derecho a hacer política en paz.

Es probable que el problema de los Gobiernos de este país y de nuestras fuerzas políticas sea el mismo que aqueja a nuestra sociedad. A diferencia de Francia y el mundo occidental desarrollado, los ciudadanos españoles no hemos sido capaces de construir una ética ciudadana laica, una moral civil que nos sirva de apoyo público y privado; y cuando abandonamos los límites de la moral católica, y la negamos, nos quedamos sin referencias y huérfanos de toda moral. Como le decía el castizo de la historia al turista protestante que intentaba convencerlo: “No creo en la religión católica, que es la única verdadera, y voy a creer en la suya”. George Santayana lo expresó intelectualmente: “Dios no existe, pero María es su madre”. La cuestión es que una ética ciudadana poderosa es requisito indispensable para que pueda darse una sana democracia. Sin ir más lejos, ahí está esa gangrena llamada corrupción social y política, de la que tanto sabemos en España.

El sector confesional y cristiano demócrata del Partido Popular -Mayor Oreja- nunca lo ha controlado ni ha tenido la menor oportunidad de dirigirlo. Los esfuerzos de Joaquín Ruiz-Giménez y otros políticos por consolidar un partido confesional viable fracasaron. Y esa es una diferencia fundamental entre nuestra transición democrática y la recuperación italiana de la democracia tras la Segunda Guerra Mundial, en la que emergió un fuerte e influyente Partido Cristiano Demócrata.

Carme Chacón y los incondicionales de Rodríguez Zapatero fueron derrotados en su último Congreso por la vieja guardia socialista. Los que tan fuerte apostaron por el buque insignia de la flota zapaterista, la Alianza de Civilizaciones, fueron incapaces de concluir una alianza con sus antagonistas. Para bien de la democracia española, sería muy conveniente que los dos bandos intentaran una Alianza de Civilizaciones con la Iglesia española. Y que, de paso, se matricularan en algún curso de historia de España.