Considero perverso que un crimen genere beneficios a su autor o a personas de su entorno sólo por el hecho de acudir a una televisión a contarlo. Este es el principio moral que inspira la iniciativa parlamentaria presentada por Ana María Oramas en el Congreso de los Diputados y que se debatirá próximamente en la Comisión Constitucional de la cámara baja. Porque hasta ahora la ley no lo prohibe, en los últimos meses asistimos a un desfile de delincuentes, imputados, condenados y, todo hay que decirlo, excarcelados tras pagar su deuda con la sociedad que, a golpe de talonario, contaron como quisieron sus tropelías, justificaron sus desmanes o negaron las evidencias y las verdades judiciales. Ante esa alucinante parada de tipos que, además de asco, causa alarma social existió un inédito y efímero castigo que recayó sobre Telecinco -el canal del viejo Berlusconi que gestiona el zorro Paolo Vasile- la retirada de publicidad del programa de La Noria, después de emitir una escandalosa entrevista con la madre de El Cuco, condenado por el Tribunal de Menores por encubrimiento en el asesinato y desaparición de la joven Marta del Castillo y luego, en medio de la sorpresa y la ira general, absuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla. En el otoño de 2008, cuando cumplida su condena por ladrón, el tristemente famoso Luis Roldán, un injusto baldón sobre la Guardia Civil, fue entrevistado, pedí desde esta esquina modesta que sus honorarios fueran confiscados para compensar el dinero público desaparecido, entre otros los procedentes de los huérfanos de la Benemérita. Por eso ahora, me alegra que mi amiga Ana Oramas plantee esta propuesta que, concedida la ética a los parlamentarios de todo el arco, pondrá coto a una desvergüenza perpetrada gracias a un vacío legal. Si producen ronchas y náuseas ver y oir a personajes que protagonizaron agujeros económicos notables -sin devolver el capital esfumado- coincidimos plenamente con la diputada nacionalista cuando señala que “no se puede consentir que medios televisivos, que prestan el servicio público de televisión en base a concesiones realizadas por el Estado. vengan a premiar a la postre a delincuentes con cantidades que ningún profesional de la televisión percibe por aparecer en pantalla una o varias horas”. La iniciativa, si prospera como deseamos y esperamos, ilegalizará los pagos de los medios informativos a personas condenadas por la Justicia y con indemnizaciones o multas pendientes que aparezcan, en aras de un cuestionable interés informativo.