B. A. | Santa Cruz de Tenerife

Sorpresa, indignación, rabia arbitrariedad, injusticia y falta de respeto institucional fueron algunas de las sensaciones, adjetivos y acusaciones lanzadas ayer por el presidente de la Comunidad Autónoma, Paulino Rivero, y los máximos responsables institucionales de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, Mario Cabrera y Pedro San Ginés, respectivamente, a la decisión “unilateral” del Ejecutivo estatal del PP.

Un estado de ánimo que dio paso al anuncio de Rivero de haber dado instrucciones a los Servicios Jurídicos autonómicos para que propongan “todas las acciones viables”, incluida la Audiencia Nacional, para frenar estas autorizaciones. San Ginés confirmó que solicitará al Tribunal Supremo la ejecución de la sentencia de 2004, que anuló las permisos a Repsol mientras que Cabrera hizo un llamamiento a los ciudadanos a salir a la calle. “No será la primera vez que la lucha en la calle haga que un gobierno cambie”, aseguró el presidente del Cabildo de Fuerventura, en una rueda de prensa conjunta desarrollada en Puerto del Rosario.

Tras recordar que las principales instituciones autonómicas y las corporaciones locales de las dos Islas afectadas directamente habían solicitado a Madrid la paralización de este expediente, Paulino Rivero acusó al Gobierno de Rajoy de tratar a Canarias “como una colonia” y de defender los “intereses privados” de Repsol.

El presidente canario advirtió que el Gobierno estatal juega con el bienestar de los canarios para advertir que “no podemos callarnos ni arrodillarnos ante decisiones que son, de otro tiempo,…,distintas a las que nos da la Constitución de 1978”. El jefe del Ejecutivo afirmó que “difícilmente”, en la historia de las Islas, hay otro asunto que “haya concitado la voluntad” de la mayoría del Legislativo, el Ejecutivo, dos cabildos y sus respectivos ayuntamientos.

Rivero advirtió que “se peleará hasta la extenuación para evitar el atropello pretendido por el Gobierno del PP”. El presidente del Cabildo de Fuerteventura, previamente, había anunciado que, tras la decisión del Consejo de Ministros, había que reorientar, en este conflicto, las acciones originales porque, “como no han querido sentarse en la mesa, los haremos sentarse en los tribunales”.

El presidente del Cabildo de Lanzarote catalogó de “indecente falta de respeto” que se hayan concedido los permisos sin haber contestado a las alegaciones presentadas desde la Comunidad Autónoma al expediente de convalidación tramitado por el ministerio de Soria.

Pedro San Ginés confirmó que Lanzarote solicitará la ejecución de la sentencia del Supremo para evitar que la Administración estatal “se salte sus propias” responsabilidades judiciales e institucionales.