Canarias, en estado preocupante > Román Rodríguez

El debate del Estado de la Nacionalidad constituye una oportunidad para que el Parlamento haga un riguroso y profundo diagnóstico de la situación de Canarias. Para que analice su evolución en el último año. Para que debata y tome resoluciones que afronten los principales problemas que afectan a la ciudadanía de las Islas. Para que plantee alternativas de futuro para esta tierra y su ciudadanía.

Una circunstancia difícil de llevar a cabo, como se demostró en el celebrado esta semana. Porque el Gobierno y los grupos que le apoyan se mostraron autocomplacientes, incapaces de asumir responsabilidades y derivando casi todos los problemas y sus soluciones al ámbito estatal. Y porque el grupo mayoritario de la oposición está más preocupado de defender al Gobierno central y generar inestabilidad política en el Archipiélago; olvidándose, además, de que formó parte del Ejecutivo en la pasada legislatura y es corresponsable de muchos de los errores que hoy lastran a nuestra comunidad. Un diagnóstico sin edulcoramientos de la Canarias de 2012 nos lleva a una realidad muy dura. Marcada por el desempleo, por encima del 30%, la destrucción de empresas o el incremento de las personas situadas por debajo del umbral de la pobreza, además de un fuerte endeudamiento de familias y empresas. Junto a ello, se produce un deterioro creciente de los servicios públicos fundamentales -sanidad, educación, dependencia y servicios sociales-, un frenazo en la política energética que nos sigue dejando a la cola en renovables, por incompetencia propia y por equivocadas decisiones del Ministerio de Industria, así como una significativa disminución del imprescindible esfuerzo en I+D+i.

A esta situación no ayuda, todo lo contrario, las malas relaciones con el Gobierno del Estado. Este ha tomado una serie de decisiones que nos perjudican: la suspensión de las bonificaciones a las líneas aéreas y a las tasas aeroportuarias, la eliminación de las primas a la producción de energías renovables y la aprobación unilateral, sin consenso, y sin respeto a las instituciones canarias, de las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura.

Las perspectivas económicas para 2012 son malas. El impacto de la crisis en las Islas se agudizará este año de recesión y destrucción masiva de empleo, 630.000 en el Estado, lo que supondrá unos 40.000 en Canarias, que no crecerá como en 2011. Por ello, los Presupuestos de la Comunidad no se sustentan. Han sido elaborados con una previsión de ingresos irreal, porque van a disminuir los procedentes del Estado y, también, lo que se recauda en las Islas. Frente al 0,8% de crecimiento estimado por el Ejecutivo canario, distintos estudios apuntan a un dato bien distinto: una caída del PIB del -0,4% y el -1%.

Frente al error del Gobierno con los Presupuestos canarios para 2012, presentamos una enmienda a la totalidad, así como numerosas enmiendas parciales. Fuimos claros: no todo pueden ser recortes, es necesario incrementar los ingresos. Trabajando en varias líneas. La de la modificación de la lesiva financiación autonómica que nos coloca 600 millones de euros anuales por debajo de la media de las CC AA, y en la que tienen responsabilidades PSOE, CC y PP; la del cumplimiento del art. 96 del REF en los Presupuestos Generales del Estado; y, también, la de la persecución del fraude fiscal y una subida de impuestos selectiva y progresiva para que paguen más los que más tienen. Las circunstancias negativas se acumulan. Lo es la decisión del Gobierno central del PP de asignar un déficit del 1,5% para las comunidades autónomas, cuando son están las que desarrollan la práctica totalidad de las grandes políticas, como la Sanidad y la Educación, y por tanto la mayoría del gasto; junto a ello, los previsibles recortes en los PGE que conoceremos a final de marzo, con menores transferencias del Estado a las comunidades y caída de las inversiones públicas. En total, los recortes en Canarias no serán inferiores a 700 millones de euros.

En ese panorama sombrío, solo el positivo comportamiento del turismo aporta algo de luz; aunque ya comprobamos en 2011 el limitado impacto del aumento en la llegada de turistas en el global de la economía y en el empleo.

Por todo eso, desde Nueva Canarias planteamos en el debate del Estado de la Nacionalidad un conjunto de medidas para dinamizar la economía y crear empleo. Entre ellas, la puesta en marcha de un plan de choque frente a la crisis y el desempleo. Que debe pasar por una potente transferencia de renta e inversión por parte del Estado, única manera de hacer frente a corto plazo a la gravísima situación que atraviesa el Archipiélago. Y ello exige colocarnos en la media en la financiación autonómica, así como en la inversión de los PGE. Y un verdadero Plan de recursos extraordinarios, dirigidos a la renovación de las ciudades turísticas, la conectividad, las telecomunicaciones y la energías renovables.

Igualmente, señalamos que el incremento de los ingresos fiscales de la Comunidad Canaria deben usarse para evitar el deterioro de los servicios públicos esenciales; y para poner en marcha un Plan contra la pobreza y la exclusión social, con especial atención al apoyo a las decenas de miles de familias que tienen a todos sus miembros en paro. Además de la necesidad de fomentar créditos ICO para Pymes domiciliadas en Canarias y la revisión de las políticas activas de empleo, que no pueden ser meros parches coyunturales, sino que deben contar con objetivos concretos, financiación y evaluación.

Proponemos, asimismo, todo un conjunto de medidas para reorientar nuestro modelo de crecimiento: trabajar por un turismo competitivo y de calidad; simplificar y adecuar la legislación territorial pero sin desregulaciones suicidas; mejora de la conectividad de las islas con el exterior; impulso a la formación y a la investigación; potenciación de las energías renovables y apuesta por una movilidad sostenible; y fomento de la diversificación económica.

E insistimos en nuestra firme defensa de los servicios públicos y el fomento de las políticas de cohesión social. Planteando que es necesario no hacer más recortes en los recursos económicos dedicados a estos servicios y mejorar la gestión de los mismos. Reiterando nuestro compromiso por un sistema sanitario universal y gratuito; y la necesidad de tomar medidas para afrontar nuestro actual e intolerable retraso educativo.

Estamos convencidos de que hay salidas a la actual situación de Canarias solicitando cambios en la política económica europea, exigiendo al Gobierno central lo que nos corresponde. Desde el diálogo y el respeto institucional. Pero, también, desde la asunción por parte del Ejecutivo canario de las responsabilidades que le incumben, que son muchas y no siempre bien resueltas. La gravedad del momento actual de Canarias no admite diagnósticos maquillados, ni dilaciones ni distracciones en las medidas a adoptar.

*Diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias