BEGOÑA AMEZUA | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Gobierno de Canarias está noqueada ante la falta de información sobre la incidencia de los recortes de las aportaciones del Estado en los presupuestos canarios de 2012 y en el mantenimiento de los servicios esenciales. A preguntas como hasta dónde puede soportar la disminución de fondos sin afectar a la sanidad, la educación y los servicios; qué subidas tributarias decidiría ante la falta de ingresos o cuál sería el escenario más negro; el consejero regional en la materia, Javier González, tiene una única respuesta: “depende” de la dimensión de las disminuciones de las aportaciones estatales en los presupuestos del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que se conocerán el próximo 30 de marzo.
Pero quien sí puso cifras sobre la mesa fue la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Santa Cruz de Tenerife. Según un análisis de los presupuestos autonómicos, Canarias ha perdido, en los últimos cinco años, 623,8 millones de euros de aportaciones estatales, que supone una media anual de 124,76 millones.
La CEOE muestra que el peso de las transferencias del Estado, en los presupuestos autonómicos, han bajado del 53,7% de 2002 al 40,34% de 2011. Desde 2007, agrega, el importe baja de 3.251,2 millones a los 2.627,4 millones del año pasado. En cinco años se han dejado de percibir 623,8 millones, el 19,9%, que supone una media anual de 124,7 millones. La deuda pública del Ejecutivo canario se ha incrementado en 2.490 millones de euros entre 2002 y 2011, un 268%.
Es el incremento del endeudamiento una de las vías abiertas por Madrid para que las regiones puedan enfrentar la disminución de los fondos estatales al aumentar el techo del déficit del 1,3% al 1,5%, que suponen 80 millones de euros más de deuda en el Archipiélago.
Para el Gobierno de Canarias, el incremento de la deuda no es la solución para mantener los servicios esenciales. La salida es la reforma del sistema de financiación porque, según el Ejecutivo regional, las Islas pierden 600 millones al año, que se suman a otros 200 millones al incumplirse la inversión media del Estado que obliga la ley del Régimen Económico y Fiscal (REF).
Ayer, veintincuatro horas después del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se aprobó el aumento del déficit de las autonomías al 1,5%, las únicas cifras que González tenía claras eran que, en 2011, se gastaron 200 millones más de los permitidos (1,78% de déficit sobre 1,3% autorizado).
Si a esa cantidad se le restan los 80 millones de deuda de más permitida son 120 millones que no se pueden gastar de más para cumplir con el objetivo de estabilidad. Todo ello suponiendo que los ingresos de los presupuestos regionales de 2012 se mantengan. Las cuentas se elevan a 6,736,2 millones. Subieron un 1,4% respecto a 2011, gracias a un aumento del endeudamiento en 282 millones, que compensaba la reducción del resto de ingresos en 184 millones.